Defensa en caso de Bell apelaría veredicto

Ante las dudas ventiladas por algunos jurados respecto a la culpabilidad de los cinco exfuncionarios de Bell, la defensa dijo hoy que considera apelar el veredicto.

La estrategia de los abogados del exalcalde Óscar Hernández y los exconcejales George Cole, George Mirabal, Teresa Jacobo y Víctor Bello se enfocó hoy en solicitar la anulación del fallo, volver a los argumentos incluyendo el testimonio del exprocurador de la ciudad Edward Lee y reiniciar las deliberaciones de los cargos, lo cual fue denegado por la jueza Kathleen Kennedy.

Esto, luego de que la corte recibiera hoy una segunda nota de un jurado anónimo que reveló haberse sentido “presionado” para declarar culpables a los exconcejales, acusados de elevarse el sueldo a casi 100,000 dólares al año poniendo más carga fiscal a los residentes de la pequeña ciudad.

El mensaje decía: “Más información o evidencia que la corte pueda proveer sobre Edward Lee puede ayudar a clarificar las dudas en este asunto. Es mejor tener certeza más allá de cualquier duda razonable para dar un veredicto de culpabilidad que castigue a un inocente”.

Pero la jueza Kennedy negó las reiteradas solicitudes de la defensa para modificar las sentencias y dudó que las notas sugieran que algunos integrantes del panel estén incurriendo en mala conducta.

“No vamos a reabrir las sentencias que se han alcanzado”, expresó la jueza. “Hay presión en cada deliberación del jurado”, añadió.

Stanley Friedman, abogado de Hernández, considera que la actitud del jurado proporciona suficientes elementos para apelar la sentencia, si la jueza no concede una moción para un nuevo juicio.

“Si hay condenas habría una apelación”, comentó el litigante.

Leo Moriarty, representante legal de Bello, acusó a Kennedy de responder una de las preguntas del jurado negando que haya un estatuto en la ley estatal que permita el pago en la Autoridad de la Vivienda Pública (cuyos cargos siguen siendo revisados por el panel) más allá de las reuniones.

“Basamos la defensa de nuestro caso permitiéndosenos argumentar que pueden ser compensados por trabajo hecho fuera de esas reuniones. Por eso ellos [los jurados] votaron ‘no culpable’ respecto a la Agencia de Finanzas Públicas”, dijo. “Ahora ella cambia las reglas a la mitad de las deliberaciones”.

Si bien mucho se ha criticado al jurado, que tras 18 días de deliberaciones sólo dio un veredicto de la mitad de los cargos y mostró contradicciones en sus decisiones, culpándolos por el cobro en una autoridad local y exonerándolos en los salarios devengados en otra, el exfiscal de distrito Steve Cooley ha dicho a la prensa que el juicio va “en la dirección correcta”.

Pocas personas acudieron hoy al Departamento 109 de la Corte del Condado de Los Ángeles, donde se desarrolla el caso desde el pasado 24 de enero. Quien regresó al juzgado con una biblia y su diario del juicio fue el exconcejal Luis Artiga, absuelto de doce cargos el miércoles.

Cuando algunos de los acusados se percataron de su presencia en la corte, él señaló al cielo con el índice, como recomendándoles tener confianza en Dios. “Es un deber como cristiano venir a apoyar a la gente. Yo sé lo que es sentarse ahí, estar acusado, que todo mundo te mire, viendo al fiscal tratándote de condenarte, de ponerte en la cárcel, son momentos de angustia”, dijo a La Opinión.

Avanzado el proceso judicial, los residentes de Bell ahora han volteado hacia el exadministrador Robert Rizzo, que ha sido señalado por ser la “mente maestra” detrás de la corrupción. Contra él pesan 69 cargos por una serie de acusaciones de corrupción, como malversación de fondos públicos.

Su caso y el de su asistente Angela Spaccia se desarrollará a finales de este año. Expertos creen que los cinco exfuncionarios que continúan siendo juzgados podrían fungir como testigos de la Fiscalía para tratar de hundir a Rizzo, a quien éstos han acusado de intimidarlos y obligarlos a quebrantar la ley.

Ali Saleh, alcalde de Bell y quien surgió de los grupos que se formaron tras el escándalo, expresó que sus constituyentes “descansarán” hasta que concluya el proceso legal.

“Todavía hay casos pendientes –los juicios contra los asaltantes que quedan que, en mi opinión, saquearon los recursos de nuestra ciudad y encadenaron a las familias trabajadoras de Bell con una abrumadora carga fiscal”, citó en un comunicado de prensa.