¿Ciudadanía? No, gracias

Las clausulas que se van perfilando seran muy onerosas para los solicitantes

Avances sobre las propuestas de una reforma migratoria sugieren que los indocumentados se convertirían en ciudadanos estadounidenses tras un proceso de 13 años: diez para obtener el permiso de residencia o 'green card' y otros tres para alcanzar la ciudadanía.

Avances sobre las propuestas de una reforma migratoria sugieren que los indocumentados se convertirían en ciudadanos estadounidenses tras un proceso de 13 años: diez para obtener el permiso de residencia o 'green card' y otros tres para alcanzar la ciudadanía. Crédito: Archivo/J. Emilio Flores / La Opinión

Inmigración

Obama propone una ley junto con los republicanos, supuestamente abriendo el camino para la legalización de 11 millones de indocumentados que se estima residen en el país sin permiso.

Pero es un camino largo y difícil, por eso debemos decir que no es una solución.

En primer lugar, los inmigrantes deben volver a pagar por todos los impuestos de todos los años anteriores, cuando no eran ciudadanos. Hay inmigrantes con diez años de trabajo, entonces tienen que pagar una enorme deuda, por impuestos, de miles y miles de dólares. En segundo lugar, se tienen que registrar para conseguir los primeros papeles, pero vuelven al final de la cola, o sea los inmigrantes que tengan alguna certificación van a estar primero, los otros deben ir atrás y eso también indica que van a demorar mucho tiempo.

Según los nuevos avances, los indocumentados se convertirían en ciudadanos estadounidenses tras un proceso de 13 años: diez para obtener el permiso de residencia o ‘green card’ y otros tres para alcanzar la ciudadanía. En total, el período coincide con el propuesto por el presidente, quien trabaja a su vez en un borrador propio, aunque la Casa Blanca reduce la primera parte a ocho años y extiende el de la ciudadanía a cinco.

La ampliación de la primera parte del proceso —de ocho a diez años— responde a una de las principales exigencias de los republicanos, que defienden que los inmigrantes que han entrado ilegalmente en el país o que han permanecido en él después de que caducaran sus visados no logren la ciudadanía antes que otros que han iniciado este proceso por vías legales.

Pero en el filtro también se atorarán muchos inmigrantes que no tienen la suerte de contar con un buen récord, señala Jorge Durand. En primer lugar, se considerarán los impuestos, aunque se podría decir que 90%ó 95% de los migrantes pagan contribuciones, porque estas se deducen automáticamente de sus cheques.

Aquellos que trabajaron “en negro”, de manera informal por mucho tiempo y que recibían su jornal en efectivo tendrán problemas para demostrar su estancia como contribuyentes.

Quienes tuvieron asuntos que ver con la justicia tendrán que evaluar sus posibilidades y ponderar si vale la pena empezar el trámite o seguir en situación irregular, con los riesgos que esto supone.

El diario Los Angeles Times informa que la propuesta de “La Banda de los Ocho”, que es como se conoce al grupo de cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas que está negociando el proyecto de reforma, incluiría otras medidas muy duras. Para que los inmigrantes indocumentados pasaran a ser legales deberían pagar una multa, impuestos federales atrasados y superar el examen de conocimientos e historia y, una vez que eso se produjera, tendrían un estatus en el que no podrían recibir cupones de comida ni servicios del Medicaid, que es sistema de salud pública para las personas de ingresos bajos.

Según las fuentes, en ese estatus podrían pasar unos 10 años, antes de poder optar por la “tarjeta verde” en la que es necesario estar un mínimo de tres años para poder solicitar la ciudadanía.

En ese periodo de tiempo, además, una comisión independiente deberá declarar que la frontera está “segura”.

Aún así, no está ni mucho menos claro que la reforma, que debería ser votada por el Senado, sea ratificada por la Cámara de Representantes. En esa cámara, los republicanos son mucho más ‘duros’.

A diferencia de la reforma migratoria de 1986, en este caso los inmigrantes serán tratados como ilegales, no como indocumentados; por tanto no merecen ser amnistiados. Para algunos, el castigo será monetario. Pero el castigo puede ir mucho más allá, puede abrirse camino a la regularización y cerrar la puerta a la ciudadanía, dice Durand.

La cuestión de que los ilegales acaben recibiendo un pasaporte estadounidense levanta ampollas entre muchos miembros de ese partido. De hecho, hay senadores republicanos que ya han anunciado que van a oponerse a la reforma.

Para complicar las cosas, el ex gobernador de Florida Jeb Bush, hizo noticia hace unas semanas al declarar que una reforma migratoria integral no debe brindar a los 11 millones de inmigrantes sin papeles la opción de naturalizarse,

Ocurre también que millones de inmigrantes evitarían la ciudadanía.

“Aunque hubiera una reforma migratoria en Estados Unidos, millones de indocumentados evitarían convertirse en ciudadanos de este país, a juzgar por lo sucedido con la reforma pasada y por los costos del trámite”, apuntó The Wall Street Journal.

Explicó que tras la reforma migratoria de 1986, hasta el año 2009 sólo el 40 por ciento de los 2.7 millones de inmigrantes indocumentados que eran elegibles para convertirse en ciudadanos se naturalizaron estadunidenses, de acuerdo con el gobierno federal.

Un estudio del Pew Hispanic Center destacó además que dos terceras partes de los inmigrantes legales mexicanos elegibles para ser ciudadanos no han tomado ese paso, debido a que para ellos puede bastar que su condición es suficiente para evitar una deportación y para trabajar.

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