El Salvador critica crecimiento de pandillas por deportaciones

WASHINGTON, D. C.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, durante una visita a Washington aseguró que las pandillas en su país han crecido enormemente, hasta alcanzar cerca de 60,000 miembros, producto de las deportaciones.

En una gira de dos días a esta capital, el mandatario sostuvo una reunión con la prensa local, donde resaltó que la situación de seguridad en El Salvador ha mejorado enormemente, desde que se estableció la tregua entre las principales pandillas.

Sin embargo, insistió en que es un problema que necesita mucha atención e inversiones futuras en educación y trabajo.

Pidió a su homólogo, Barack Obama, mayor compromiso con la financiación de la seguridad en Centroamérica. Según Funes, en el marco de la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI), Estados Unidos ha comprometido “una suma que ronda los $360 millones” y “se han desembolsado unos $40 millones”.

La “tregua” pactada por las dos principales pandillas salvadoreñas en marzo de 2012 no ha resuelto el problema de la delincuencia, pero sí ha creado “condiciones para un acuerdo nacional por la seguridad y el empleo”, explicó Funes.

Según cifras de autoridades salvadoreñas, desde esa tregua los homicidios en ese país han caído en un 50%, a una tasa de unos 30 por cada 100,000 habitantes frente a los 67 de antes.

El Salvador ha pasado de ser el país con la segunda tasa más alta, sólo por detrás de Honduras, al puesto número 42 en el ránking mundial, de acuerdo con Funes.

Por ello, el presidente cuestionó la alerta de viaje a El Salvador emitida en enero por el Gobierno federal en la que advertía de que la tregua ha tenido “poco impacto” en robos, asaltos y otros delitos violentos, y la mayoría de los delitos quedan “sin resolver”.

A juicio de Funes, “no hay razón” para que el país esté en esa lista de alertas del Departamento de Estado, dado que San Salvador, la capital, “es mucho más segura” que ciudades de E.U. como Baltimore.

Además, Funes comentó que las deportaciones de inmigrantes indocumentados desde E. U. es un aspecto “que contribuye” al fortalecimiento de las pandillas, que se nutren fundamentalmente de jóvenes y adolescentes pobres, y reiteró que los países centroamericanos llevan tiempo reclamando un cambio en esa política.

“Hay niños de 7 y 8 años que integran las pandillas. Estamos en un esfuerzo de evitar que sigan creciendo, pero sobre todo evitar que sigan cometiendo delitosLa mayoría de los homicidios son cometidos por pandilleros en contra de miembros de otras bandas”, dijo.

Funes enfatizó además que impulsará una prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS), que se vencerá en septiembre próximo. El Gobierno federal debería anunciar la extensión en junio.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), unos 62,604 hondureños reciben esta garantía, junto con 2,931 nicaragüenses y 209,401 salvadoreños.

Este mes la secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, anunció la extensión del TPS para hondureños y nicaragüenses.

Este artículo incluye información de la agencia EFE.

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