Riesgo de crisis fiscal en Bell
08/10/10----LOS ANGELES-- The Bell City Hall, where recent investigations have discovered that officials in the small Los Angeles County city of Bell earn some of the highest salaries in the nation. Police Chief Randy Adams earns 457,000, twice what Los Angeles Police Department Chief Charlie Beck gets. The district attorney's office has been investigating Bell over the hefty compensation of its City Council membersabout 100,000 a year for part-time positions. (photo by Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: authors
Una auditoría de la oficina del contralor estatal de California indica que la ciudad de Bell todavía enfrenta una crisis fiscal y una fuerte deuda tres años después que se descubrió que los líderes municipales habían saqueado millones de dólares de los cofres de la ciudad.
El contralor estatal John Chiang publicó el reporte ayer y en este se indica que el balance del fondo general de Bell tiene un déficit de más de un millón de dólares.
Bell también le debe a sus residentes más de $3 millones en impuestos y cobros que se colectaron de manera ilegal.
La ciudad también debe pagar al estado 663 mil dólares en fondos de gasolina gastados de forma ilegal y retornar 256 mil dólares más en donativos al departamento estatal de Parques y Recreación. Bell también podría deber hasta 4 millones de dólares en cargos legales como resultado del escándalo, dijo Chiang.
Chiang alabó a los nuevos líderes municipales por llevar a cabo negocios con honestidad y tomar pasos para cambiar el rumbo de Bell después que los ciudadanos votaron para remover a todo el concilio fuera de sus cargos hace dos años, pero dice que si no se enfrentan estos y otros problemas financieros, la ciudad enfrenta una “crisis fiscal”.
La alcaldesa Violeta Álvarez dijo que la ciudad aprecia la auditoría y la usará como guía a medida que Bell continúa trabajando para resolver sus problemas de deudas y otros problemas creados por el concilio municipal previo.
El concejal Ali Saleh dijo que varias de las reformas ya han sido o están siendo implementadas y que se sigue trabajando para resolver sus problemas financieros, negociando con banqueros y otros para eliminar algunos de los millones de dólares en deuda acumulada anterior. “Llegamos a una ciudad que tenía graves necesidades, con muchos problemas y corregimos muchos de ellos”, dijo Saleh.
El reporte del contralor estatal llega mientras fiscales del Condado de Los Ángeles anunciaron el martes que buscarán llevar de nuevo a juicio a cinco exfuncionarios de la municipalidad que fueron convictos de algunos cargos de corrupción, aunque un jurado no logró llegar a un veredicto en otros.
El exalcalde Oscar Hernández y los exconcejales Teresa Jacobo, George Mirabal, George Cole y Victor Bello fueron convictos de robar fondos municipales al crear comisiones fantasmas de la basura para aumentar sus salarios de medio tiempo a casi 100 mil dólares anuales. Sin embargo. El jurado liberó a los acusados de algunos cargos y se quedó en un voto de 9-3 en favor de culpabilidad en otros. La jueza Kathleen Kennedy declaró un veredicto nulo en esos cargos.
Jean Guccione, portavoz del Procurador del Distrito del Condado de Los Ángeles, dijo que la fiscalía busca llevar a juicio a los exfuncionarios por esos cargos. Una audiencia está pactada para el 29 de mayo.
El 20 de marzo pasado, Hernández, Jacobo y Mirabal fueron convictos de cinco cargos cada uno de apropiarse indebidamente de fondos públicos y exonerados de cinco más. Cole fue convicto de dos cargos y exonerado de otros dos, mientras que Bello fue convicto de cuatro cargos y exonerado de cuatro más.
El ex concejal Luis Artiga fue fue exonerado de 12 cargos en su contra. Guccione dijo que la fiscalía no planea cambiar esa decisión.
Los fiscales dijeron que los exfuncionarios de Bell debían haber estado recibiendo salarios de cerca de 8 mil dólares al año, pero inflaron su pago sirviendo en juntas que casi nunca sesionaban y llevaron a la ciduad casi a una bancarrota. Uno de cada seis de los 40,000 residentes de Bell vive en la pobreza.
El caso de la modesta ciudad de dos y media millas cuadradas se convirtió en un símbolo nacional de avaricia política.
Las deliberaciones sobre el caso contra los exfuncionarios se alargaron por 19 díascasi tan largo como el testimonio del juicioy el jurado pareció tener dificultades durante el caso.
Justo después del comienzo de las deliberacionies, uno de los miembros del jurado dijo entre lágrimas que había sido el blanco de presiones por parte de otros miembros, y fue excusada por haber indicado a su hija que indagara sobre el acoso de jurados. Ella fue reemplazada por otro jurado.
Abogados defensores de los acusados mantuvieron que sus clientes fueron acusados erroneamente y argumentaron que ellos trabajaron diligentemente en pos de la ciudad y merecían sus salarios.
El exadministrador munciipal Robert Rizzo, de 59 años, quien está acusado de haber confabulado la supuesta esquema de corrupción, está a la espera de un juicio por separado este año, junto con su exasistente Angela Spaccia, de 54 años, por cargos de corrupción.
