Exigen nombres de agentes que mataron mexicano en S. Diego

Exigen nombres de agentes que mataron mexicano en S. Diego
Anastasio Hernández Rojas, inmigrante indocumentado mexicano, que murió en en un hospital de Chula Vista, California, a donde llegó con un diagnóstico de muerte cerebral tras una golpiza propiciada por agentes fronterizos.
Foto: EFE / Fotografía proporcionada por familia de Hernández

San Diego.- La Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) presentó una demanda en una corte federal en San Diego para exigir que la patrulla fronteriza revele la identidad de una docena de agentes que mataron al mexicano Anastasio Hernández.

El director legal de la ACLU en la región fronteriza de California con México, David Loy, informó este miércoles que la organización presentó una demanda el martes para rechazar que los agentes acusados de abusos que resultaron en la muerte de Hernández se mantengan en el anonimato.

Explicó que se presentó la demanda luego que los abogados de los agentes involucrados en la golpiza que mató a Hernández en 2010, indicaron que solicitarían un juicio cerrado en el que se reservarán las identidades de los oficiales.

Loy dijo que esa solicitud viola la Primera Enmienda Constitucional estadounidense y la Ley Federal de Derecho al Acceso a la Información.

El director de la ACLU reveló que la patrulla fronteriza argumentó que Anastasio Hernández habría agredido primero a los oficiales y que tienen derecho a mantenerse anónimos.

Sin embargo, Loy expuso que sin evidencias de que fueran agredidos, los patrulleros carecen de argumentos ante la corte.

Hernández murió tras una golpiza y repetidas descargas eléctricas que le propinó una docena de oficiales fronterizos. El médico forense del condado de San Diego determinó que la muerte de Hernández, de 42 años, fue homicidio.

Los familiares de Hernández presentaron el pasado 28 de mayo una segunda demanda contra los agentes, luego que una inicial en 2010 quedó sin proceder y sin explicación.

Desde el año pasado, un gran jurado federal analiza el caso a puertas cerradas en San Diego.