En casa de herrero, cuchillo de palo

Guatemala

La primera semana de junio, Guatemala fue anfitriona de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se decidió programar para 2014 la discusión sobre la despenalización de las drogas. El Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, promueve el tema desde el año pasado, bajo el argumento de que es necesario buscar nuevas estrategias porque 30 años de lucha anti-narcótica no han funcionado.

Así las cosas, la discusión pública del tema se enfrió rápido sin que el gobierno guatemalteco explique por qué la lucha contra el narcotráfico no funciona.

Ningún funcionario admite públicamente que es más fácil promover la despenalización (la administración actual nada concreto podría hacer en ese sentido antes de dejar el gobierno en enero de 2015), que tener la voluntad política para (1) dotar a la policía, no sólo al Ejército, de mejores recursos para controlar el narcotráfico, y (2) luchar contra la corrupción, la principal barricada en la lucha contra el narcotráfico desde hace décadas.

Antes y después de la asamblea, ocurrieron hechos interesantes. Por ejemplo, un asesor del Ministerio de Gobernación aseguró en una reunión privada que una parte de la policía era incontrolable. Reveló que se le trasladaba las coordenadas de la ruta de los cargamentos de droga rastreados (vía informantes) para que los incautara, pero los dejaban pasar de largo (luego alegando falta de personal armado) a menos que se le autorizara tomar una parte a cambio de entregar el resto para decomiso.

Fue curioso que en la víspera de la asamblea de la OEA, la policía guatemalteca incautara en un puerto del Pacífico 1,048 kilos de cocaína provenientes de Ecuador. Resultó “curioso” cuándo ocurrió la incautación y este dato: los cargamentos grandes enviados desde Sudamérica comprenden cifras redondas (800 ó 1,000 ó 1,200 kilos, etc.). Una vez pasan la frontera, a veces son divididos entre diversos dueños. Esto hace dudar si los cargamentos de cifras irregulares (como 1,048 kilos) recién ingresados al país fueron pellizcados antes de su confiscación oficial.

En la anterior administración presidencial, en abril de 2009, cinco agentes antinarcóticos de la policía fueron asesinados en conexión con el robo de un cargamento de droga de los Zetas. El 13 de junio pasado, un grupo de narcotraficantes acribilló a siete policías en una estación policial en Quetzaltenango, occidente de Guatemala. Además, un inspector policial fue secuestrado. Según reportes de prensa, parte de sus restos desmembrados aparecieron en Huehuetenango, que colinda con México.

Las autoridades todavía no identifican un móvil o a los victimarios, que emplearon una práctica que los Zetas usan en Guatemala para enviar mensajes vengativos (a quienes no trabajan con ellos, o los traicionan): el desmembramiento. En mayo de 2011, los Zetas masacraron a 27 campesinos con moto-sierra; también secuestraron y desmembraron a un fiscal. Otros narcos se limitan a acribillar a sus víctimas.

El 20 de junio, la prensa local publicó que 3,500 agentes nuevos de la Policía Nacional Civil se graduarán en diciembre próximo, pero no podrán portar armas de fuego porque el Estado no las puede comprar aún. Procesos anteriores de compra fueron anulados por anomalías. Procesos actuales son cuestionados. En condiciones así, parece más fácil proponer la despenalización.

Para cuando el tema se discuta en el marco de la OEA, en 2014, será año pre-electoral en Guatemala, y el oficial Partido Patriota tendrá su mente en otros intereses: lograr la reelección del partido en la presidencia (no de Pérez Molina, porque la ley prohíbe la reelección del mismo funcionario), y la obtención del mayor número de escaños en el Congreso, y de municipalidades del país. Y el gobierno habrá evadido—con éxito—explicar a la comunidad internacional por qué la lucha contra el narcotráfico no funciona en realidad, y por qué no tuvo la voluntad política para contribuir a que funcionara.

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Julie López es una periodista y columnista guatemalteca.