Migrar con derechos

MIGRACIÓN

Hasta mediados de la década pasada, cuando la migración a Estados Unidos crecía aceleradamente, gobiernos, asociaciones y organismos multilaterales, vieron a los migrantes y sus remesas como una fuente de desarrollo para sus lugares de origen.

Esta idea, que vinculaba migración y desarrollo, facilitó alianzas (tácitas y explícitas) entre organizaciones de migrantes—generalmente de izquierda— con gobiernos de derecha e instituciones como el Banco Mundial. La gran recesión y la política de deportaciones masivas del gobierno norteamericano acabaron con esta línea de pensar.

Sin trabajo y acosados por las autoridades, los migrantes no podían enviar remesas ni involucrarse en proyectos productivos y de desarrollo. Además, en países como México, Guatemala y El Salvador, el incremento de la criminalidad y la inseguridad provocó que los migrantes le pensaran dos veces antes de invertir en sus comunidades y hasta evitaran llegar de visita. Como me dijo un colega de la Universidad de Zacatecas, la llegada de los Zetas acabó de golpe y porrazo con los esfuerzos de los migrantes por impulsar obras, cooperativas y actividades filantrópicas en sus pueblos.

Hoy el discurso de las organizaciones de migrantes en México y otros países ha cambiado. En vez de plantear la relación entre migración y desarrollo, organizaciones y sus activistas articulan un planteamiento sobre “el derecho a permanecer en casa”. Es un argumento con una doble cara: reconoce que la migración es resultado de la falta de un desarrollo equitativo y justo y llama a gobiernos e instituciones a emprender ese desarrollo para que la gente no deje sus lugares de origen y soportar abusos de contratistas y patrones.

Es un planteamiento que llama a rendir cuentas y exigir que los gobiernos de los países de emigración reconozcan el fracaso de políticas neoliberales e impulsen políticas de crecimiento justas y solidarias.

Hasta aquí todo bien. Pero la migración, ya sea como política de los gobiernos para hacerse de remesas y mano de obra barata o como estrategia económica de individuos y familias, no va a desaparecer. El argumento de que las personas tienen el derecho a quedarse y no verse obligados a abandonar el terruño corre el riesgo de subestimar una conclusión respaldada por evidencias sólidas: que la migración es buena para el migrante.

La migración le permite a millones de familias en el mundo sobrevivir e invertir en la educación y la salud de sus hijos. A diferencia de la ayuda económica y préstamos que países y bancos otorgan a gobiernos corruptos y autoritarios, las remesas que los migrantes envían a casa son administradas por mujeres jefas de hogar.

El derecho a permanecer en casa no debe quitarle atención a otra lucha igualmente importante: el derecho a migrar. Pero en vista de las injusticias a las que están expuestos los migrantes, el reto que asociaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales tienen por delante es cómo afirmar el derecho a migrar en condiciones que garanticen los derechos humanos y laborales.