Contra la democracia colombiana
En pleno 2013, con una Colombia en pleno despegue económico, Alejandro Ordoñez sin sano juicio político decide convertirse en auditor de la democracia colombiana
Manifestantes gritan consignas en contra del procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por destituir al alcalde de Bogotá, el pasado 9 de diciembre. Crédito: Archivo / EFE
Las Américas
Raras veces un funcionario administrativo ha tenido el descaro de atentar –abierta y fríamente— contra las instituciones democráticas de un país latinoamericano como lo ha hecho el procurador Alejandro Ordoñez del gobierno de Juan Manuel Santos de Colombia.
El Procurador colombiano se gana un premio “golden globes” por su papel como transgresor a la democracia, un “grammy” por su rol de absolutista en el reparto del gobierno de Santos y un “emmy” por en su conducta despótica.Mientras que su jefe, el presidente colombiano Manuel Santos, se hace dueño de un “oscar” por su papel estelar en la dirección y producción del reciente contubernio de uno de sus fieles de su administración.
Resulta que el procurador Ordoñez [de Colombia] decidió destituir a Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá y segundo puesto político más importante de Colombia, por “cometer irregularidades que se presentaron a la hora de definir el nuevo esquema de aseo de la ciudad de Bogotá”.
De acuerdo a los argumentos del procurador de justicia de Colombia, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que se adjudicó el trabajo de limpieza pública a inicios del gobierno de Petro, no contaba con la experiencia y la infraestructura para desarrollar su trabajo.
En consecuencia, por tres días, los bogotanos tuvieron que pagar las consecuencias –basura por todos lados, calles con olores de todos sabores menos de aire fresco— de una empresa que, llegado el momento, simplemente dispuso del dinero de la licitación pero no supo controlar la basura de una ciudad de aproximadamente 8 millones de habitantes.
Argumentando discrecionalidad constitucional, Alejandro Ordoñez, que no fue elegido a través de un proceso democrático, decidió resolver el problema por su cuenta.
No solamente destituyó al alcalde de Bogotá sino también lo inhabilitó de la política de su país por 15 años.Así, en pleno 2013, en un periodo sobresaliente de la democracia en América Latina, con una Colombia en pleno despegue económico, un hombre (Alejandro Ordoñez) sin sano juicio político decide convertirse en ´de facto´ auditor de la democracia colombiana.
Hoy, Petro está en plena visita a Estados Unidos para buscar apoyo externo. Su objetivo principal es reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde interpuso una medida cautelar para detener la decisión tomada por el procurador Ordoñez.
A pesar de que el presidente Barack Obama no tiene planeado una reunión con Petro, su gobierno debería, por lo menos, exigir a su similar de Colombia el respeto a las instituciones democráticas.
La destitución de Petro viola los derechos individuales de toda la población bogotana que lo eligió a través del voto.
Por otra parte, el presidente Santos tiene una oportunidad idónea de rehacer un problema que aparentemente él mismo hilvanó, aunque públicamente lo ha negado. Lo mejor es que destituya a su Procurador y devuelva su trabajo al Alcalde de Bogotá.
