Cancelan controvertido plan para rastrear placas de indocumentados
A solo horas de que salieran a la luz detalles iniciales del plan, que activistas tacharon como una cacería de indocumentados, el DHS se retracta
Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles que ha cancelado un controvertido plan nacional para rastrear las placas de los vehículos.
Según el plan en desarrollo, revelado por el diario The Washington Post, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) solicitó propuestas de empresas privadas para construir una base de datos de los lectores electrónicos de placas de vehículos para uso comercial o policial.
La idea, según explicaron fuentes oficiales al diario, era usar esa mina de datos para rastrear a indocumentados fugitivos.
A pocas horas de darse a conocer el plan se topó con las críticas de diversos grupos cívicos que lo tacharon como una invasión indebida de la vida privada de personas sin justificación alguna. Por ello, el propio secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson ordenó la cancelación inmediata del plan.
En una declaración escrita enviada a la prensa, la portavoz de ICE, Gillian Christensen, explicó que la solicitación se hizo “sin el conocimiento del liderazgo” de la agencia federal y “ha sido cancelada”.
“Mientras continuamos apoyando un rango de tecnologías para ayudar a cumplir nuestra misión policial, esta solicitación será revisada para asegurar que en adelante, se cumpla apropiadamente con nuestras necesidades operacionales”, puntualizó Christensen.
La cancelación del plan fue elogiada por líderes del Congreso y activistas defensores de los derechos civiles. Estas aconsejaron a ICE a que, en un asunto tan sensible como es la privacidad en EEUU, realice consultas con expertos en la materia en el futuro.
Algunos grupos pro-inmigrantes condenaron lo que consideraron como una inaceptable cacería de indocumentados.
Maribel Hastings, analista del grupo America´s Voice dijo que, en vez de poner en peligro la vida privada de las personas, el gobierno debe poner en marcha una reforma migratoria.
“Ya sabemos el efecto de las prácticas de lanzar amplias redes para presuntamente identificar criminales: siempre terminan pagando justos por pecadores, se perjudican las relaciones entre la comunidad y las agencias del orden, se pisotean los derechos individuales, y se genera pánico entre la comunidad”, observó Hastings.
