Otro engaño hipotecario

La magnitud del fraude hipotecario que se aprovechó de la ingenuidad de propietarios confiados e inició una cadena de engaños financieros que condujo a la Gran Recesión debía haber sido una prioridad dentro del Departamento de Justicia. Así se dijo que sería, pero no lo fue.

Un informe del Inspector General indica que las afirmaciones de ese tipo del Secretario de Justicia, Eric Holder, y las cifras de detenciones han sido exageradas.

Por ejemplo, en octubre de 2012 se anunció con bombos y platillos que la Distressed Homeowner Initiative había conducido a 530 acusados en casos que relacionaban a 73 mil propietarios/víctimas por un valor de más de mil millones de dólares. En realidad, los acusados y el total estimado de pérdidas eran 95 millones de dólares. En un momento estas cifras fueron corregidas internamente, aunque los comunicados de prensa los continuaron repitiendo hasta 10 meses más tarde, según el inspector.

Tampoco la supuesta prioridad dada a la prosecución de este delito expresada públicamente correspondió con la realidad. El reporte halló que la División de Investigación criminal del FBI tenía catalogado el fraude hipotecario en la última de las prioridades. En ciudades como Los Ángeles, Miami y Nueva York también halló que este era la última prioridad del FBI local o directamente ni siquiera figuraba en esa lista.

La comunidad latina fue una de las más perjudicadas en el fraude hipotecario, ellos perdieron sus hogares mientras que otros se llenaron los bolsillos.

El problema parece ser una cuestión de mal procesamiento de cifras y de intenciones engañosas por parte de funcionarios para justificar asignaciones especiales de dinero para este fin.

Los antecedentes de la Administración Obama dejan mucho que desear en el procesamiento criminal de los distintos responsables de este fraude. Es cierto que los delitos de cuello blanco son complicados de juzgar, pero esto no justifica la mentira y las contradicciones.

La falta de acción del Departamento de Justicia envía un mensaje perverso a los delincuentes de cuello blanco de que pueden repetir sus delitos porque las autoridades federales están más interesados en las relaciones públicas que en procesarlos.