Exconcejales de Bell llegan a acuerdo con fiscalía en caso de corrupción

Los exfuncionarios aceptaron que había inflado sus compensaciones hasta por $100,000, por una labor de tiempo parcial.

Cinco exconcejales de la ciudad de Bell, al sureste de Los Ángeles, acusados de malversación de fondos públicos al haber inflado sus salarios de forma ilegal, finalmente accedieron a la oferta de aceptar dos cargos criminales en su contra, que podrían llevarlos a pasar un máximo de cuatro años en prisión.

De los cinco cargos que inicialmente se les acusaba al ex alcalde Oscar Hernández, y los concejales Teresa Jacobo, George Mirabal, George Cole y Víctor Bello, solamente se les mantuvieron dos como parte de la oferta de la fiscalía para evitar un nuevo juicio.

Con esta acción legal, los exfuncionarios aceptaron que había inflado sus compensaciones hasta por $100,000, por una labor de tiempo parcial en la que ocasionalmente se reunían como concejo municipal de una ciudad de unos 35,000 habitantes, 98% de latinos y de bajos ingresos.

“Una declaración de no disputa de cargos es lo mismo que declarase culpable en esta corte”, dijo la juez encargada del caso Kathleen Kennedy a los acusados, a lo que ellos respondieron estar de acuerdo.

Uno a uno, los cinco aceptaron no disputar los cargos con la esperanza de que la sentencia sea reducida a libertad condicional, que según la juez podría proceder en alguno de los casos.

Solo Hernández, tomo tiempo durante la audiencia para “pedir perdón a la gente de Bell por mi ignorancia y haberles ocasionado daño “, dijo.

Jacobo no dijo palabra alguna pero se abrazo a sus familiares en la corte para llorar junto a ellos. Su abogado, Shepard Kopp, afirmo que su cliente “no sabía que estaba haciendo algo ilegal al recibir el sueldo que se le asignó. La prueba del polígrafo indicó que ella de verdad no cometió fraude o corrupción de manera intencional”, sostuvo el abogado.

Los abogados de los otro cuatro ex funcionarios aseguraron apelaran por la libertad condicional de sus clientes. Particularmente el abogado de Bello, quien dijo su cliente fue quien alerto a la fiscalía del condado sobre posible corrupción en el ayuntamiento de Bell, mucho antes de que se descubriera públicamente.

Pero Violeta Álvarez, ex alcalde de Bell y ahora concejala, opinó que es “muy poco” el castigo que están enfrentando y dijo que los acusados “deben pasar tiempo en prisión para pagar por sus acciones”. “Su trabajo era preguntar, leer lo que se les daba, servir al bienestar de la gente de Bell y no lo hicieron”, aseveró.

La oferta incluye además de la sentencia que se les dictaminara por separado, comenzando en junio y hasta mediados de julio, los acusados restituyan monetariamente los daños a la ciudad.

El abogado de Bell, Anthony Taylor, indicó que en total dicha restitución asciende a más de $981,000. Pero aclaró que esta es la restitución que busca la ciudad en la parte criminal y que la civil será separada y mucho más alta, aseguro.

Los cinco ya habían enfrentado juicio en mayo del año pasado. Pero el jurado no pudo llegar a un veredicto. Fue en diciembre de ese ano cuando la juez Kennedy pidió a la fiscalía buscar el acuerdo, ofrecido desde febrero de este ano, y que había sido pospuesto en dos ocasiones y finalmente se logro esta mañana en una corte de Los Ángeles.

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