Una deportación que haría justicia

Avanza caso federal contra ex ministro de defensa salvadoreño

Un juez de inmigración en Miami determinó que se puede deportar a José Guillermo García, general retirado y ex ministro de defensa de El Salvador cuando se cometieron varios de los peores asesinatos y masacres, un fallo que le da esperanzas a Carlos Mauricio de que algún día se hará justicia en su país.

Mauricio, ahora un ciudadano estadounidense y activista de derechos humanos, fue encarcelado y torturado por el gobierno de El Salvador a principios de los años ochenta, reaccionó ayer con júbilo al darse a conocer los detalles del fallo emitido por el juez de inmigración Michael Horn.

El fallo se dio en febrero, pero sólo se publicó el pasado viernes por solicitud legal de un medio de prensa.

“Es importantísimo que el sistema de inmigración en Estados Unidos haya dado este fallo contra el general, porque en El Salvador no hemos podido conseguir ni un cachito de justicia contra él y otros”, dijo Mauricio en entrevista telefónica desde El Salvador, donde está de vacaciones. “Yo como víctima hubiera querido que eso pasara aquí y no en Estados Unidos, pero me alegro que esté pasando finalmente”.

García, quien vive en Palm Beach, Florida desde 1989 y recibió asilo político en este país en 1990, está peleando su deportación desde 2009, cuando el Departamento de Seguridad Nacional empezó a perseguir su caso. El ex general se hizo residente legal de Estados Unidos en 1991.

El fallo judicial también liga al general retirado con varias de las peores masacres que ocurrieron en El Salvador durante la guerra civil en ese país y su participación en muertes y torturas.

Entre esas muertes está la del Arzobispo Óscar Arnulfo Romero, las masacres de El Mozote y el Río Sumpul, y el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses, entre otros. García también era ministro de defensa cuando Mauricio, quien entonces era profesor de la Universidad de El Salvador, fue secuestrado, encarcelado y torturado.

Para la abogada Carolyn Patty Blum, asesora legal del Centro de Justicia y Responsabilidad en San Francisco, que anteriormente demandó en corte civil a García y ayudó en el caso de deportación proporcionando testigos para la Fiscalía, el testimonio de varias víctimas influenciaron el fallo del juez Horn.

Añadió Blum que un “violador de derechos humanos como García, nunca debió recibir asilo político en este país”.

“Es una pregunta que debió surgir cuando García pidió asilo, pero no fue así”, dijo Blum, indicando que el general retirado todavía puede apelar el caso a la Junta de Apelaciones de Inmigración y al Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito.

“Sin embargo, creo que la decisión del juez de inmigración será la más importante, sobre todo porque él determinó la credibilidad de los testimonios y argumentos presentados, que probablemente será respetado en cortes superiores”, expresó.