Nuevas normas sobre clemencia para presos atizan debate

WASHINGTON.- Entre las miles de solicitudes de clemencia que atenderá el Departamento de Justicia no estarán las de presos hispanos que purgan o han cumplido sentencias en cárceles estatales por cargos menores, y la eventual clemencia tendrá un impacto reducido, aseguraron este viernes algunos expertos.

Los criterios sobre la clemencia anunciados el miércoles son parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia por ayudar a presos condenados por crímenes no violentos, y empezar a corregir las desigualdades en las sentencias federales por delitos relacionados con drogas.

Para efectos prácticos, la nueva iniciativa federal aceleraría la puesta en libertad de reos que ya han cumplido al menos diez años por crímenes no violentos y que han demostrado buena conducta.

Sin embargo, los criterios son tan estrictos como limitados en su impacto, ya que solo se aplicarán a casos federales –cada gobierno estatal tiene sus propias leyes penales-, y tampoco resuelven el problema de la discriminación en los perdones presidenciales.

Según datos oficiales, hay 219,000 presos en cárceles federales, de los cuales 23,000 ya han cumplido al menos diez años en prisión. No está claro cuántos de éstos últimos reúnen todos los criterios delineados por el gobierno ni qué prioridad recibirán sus casos.

La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) contabilizó recientemente a 3,278 presos condenados por delitos no violentos o delitos contra la propiedad privada, que fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Expertos consultados por La Opinión consideraron que los criterios para otorgar clemencia son tardíos e insuficientes.

“No creo que vaya a beneficiar a muchos, porque algunos cumplirán unos requisitos pero no todos, esto llega tarde y es insuficiente. Muchos de los que solicitan un perdón nunca han puesto pie en una prisión porque recibieron libertad condicional, pero quedan marcados como criminales convictos”, dijo la abogada Tamara Holder, quien ayuda a varios hispanos a solicitar una revisión de sus sentencias.

“Tengo clientes que podrían considerarse ciudadanos modelo: ya pagaron su deuda con la sociedad, se han rehabilitado pero, debido a su antecedente penal, no pueden trabajar o llevar una vida normal”, agregó.

Georgina Díaz, una abogada de inmigración de Illinois, cree que “parte del problema es que esto deja fuera a muchos sentenciados por cargos estatales… los gobiernos estatales pueden tardarse años en decidir casos de clemencia”.

Una de sus clientes, víctima de violencia doméstica, fue sentenciada por posesión de 1,5 gramos de marihuana –un delito menor-, y lleva más de tres años esperando el perdón del gobernador Pat Quinn. Mientras tanto, por ser indocumentada, corre el riesgo de ser deportada.

Mike González, analista de la conservadora Fundación Heritage, fue contundente: “es vergonzoso que el presidente esté politizando este asunto…ha pasado sus días haciendo ataques partidistas. La forma precipitada en que ha tomado esta acción (de clemencia) solo reduce la posibilidad de lograr una solución bipartidista a este grave asunto social”.

Obama, que tiene autoridad ejecutiva para emitir perdones, también ha sido criticado porque, según las propias estadísticas judiciales desde el año 1900, es el presidente que menos perdones ha concedido desde la era de Dwight D. Eisenhower.

Hasta la fecha, Obama ha otorgado 52 perdones y ha conmutado nueve sentencias, frente a las 1,641 solicitudes que ha recibido para perdones, y otras 10,490 para conmutaciones.

Obama promulgó en 2010 una ley que redujo las desigualdades en las sentencias relacionadas con el “crack” y la cocaína en polvo, pero esa ley no ha ayudado a presos en cárceles federales sentenciados por cargos relacionados con el tráfico de cocaína.

La revisión en casos de clemencia dará prioridad a reos que:

· Están en prisión federal y recibirían ahora una sentencia menor por el mismo delito

· No son violentos y no tienen vínculos con pandillas, carteles y otras organizaciones criminales

· Han cumplido al menos diez años de su sentencia

· No tienen un historial criminal significativo

· Han demostrado buena conducta

· No tienen o han tenido un pasado de violencia antes o durante su encarcelamiento