Fallo contra inmigrantes

Supremo mantiene norma que prohíbe el alquiler a indocumentados

La decisión de la Corte Suprema de la nación de no revisar el caso legal contra la ciudad de Fremont, Nebraska, no sólo permitirá a este municipio implementar una ley local para evitar el alquiler de propiedades a indocumentados, sino que podría abrir la puerta a que otras ciudades dentro del Octavo Circuito de Apelaciones hicieran lo propio.

Este circuito legal incluye a los estados de Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska y las dos Dakotas. No obstante, la decisión crea un espacio legal ambiguo para futuras leyes locales al respecto, ya que hace apenas unos meses la Corte Suprema rechazó escuchar la apelación de las ciudades de Hazleton, Pennsylvania y Farmers Branch, Texas en ordenanzas similares.

La diferencia es que en el caso de Hazleton y Farmers Branch, los tribunales inferiores (de circuito) habían rechazado la legalidad de las mismas y en el de Fremont, la habían reafirmado.

El abogado defensor de la ley de Fremont, Kris Kobach, el cerebro tras numerosas leyes anti inmigrantes, dijo ayer que la decisión da “luz verde” a otras ciudades del Octavo Circuito, a aprobar leyes similares.

No obstante Tom Sanez, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), dijo este lunes a La Opinión que su organización seguiría buscando la manera de detener la aplicación de la ley.

“Hay otras maneras, podemos demandar contra la forma en que se aplicada o pedirle al Gobierno federal que aplique las leyes de vivienda justa”, dijo Saenz. “Además en dos circuitos los jueces rechazaron medidas similares y el distrito quinto es considerado un distrito conservador. Creo que cualquier ciudad del país que piense hacer esto debe considerar que posiblemente les cueste mucho dinero y quizá nunca la puedan aplicar. ¿Para qué hacerlo?”.

La ley de Fremont esencialmente obliga a que todos los inquilinos de una propiedad alquilada obtengan una licencia especial de la policía local dando sus datos y declarando que son residentes legales o ciudadanos. Aunque no deben presentar papeles, la ciudad podrá investigar los datos de las personas que digan que no son ciudadanos en bases de dato federales.

Aunque la ley fue aprobada en 2010, la inmediata demanda causó que la ciudad suspendiera la aplicación de la sección residencial de la ley. En Febrero, autoridades locales convocaron a otro voto sobre la misma y apenas el mes pasado comenzaron a aplicar la venta de las licencias. En este momento no hay ninguna ciudad del país que aplique una ley similar.