Una visita al consulado

Uno de los ejes de la política del gobierno de México hacia sus emigrantes, documentados y no, es su integración a las instituciones sociales locales

Migración

Esta semana fui al consulado mexicano a renovar mi pasaporte. Esperaba ver a un buen número de personas aguardando su turno para tramitar distintos tipos de documentos: matrículas consulares, pasaportes, actas de nacimiento, visas. Y así fue. Pero también me encontré con que ese mismo día tenía lugar una feria de salud y educación en la sede consular.

En torno a la sala de espera distintas instituciones tenían colocadas sus mesas de información con materiales didácticos, libros y panfletos. En una esquina del recinto se ofrecían exámenes de la vista, del colesterol y la presión. En el patio del consulado, una organización ofrecía computadoras y conexión de internet a bajo costo. Aprovechando a un público cautivo, una señora exhortaba a los presentes a registrarse para la donación de órganos. Más tarde, tres mujeres ofrecieron una demostración del baile aeróbico conocido como zumba, para luego dar paso al personal del consulado que explicó la ley AB60, que le permitirá a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia para manejar. El consulado estaba convertido en un verdadero centro comunitario.

Lo que observé esa mañana en el consulado es la implementación, con hechos concretos, de uno de los ejes principales de la política del gobierno mexicano hacia su población en el exterior. Se trata de una política de integración de los mexicanos, documentados y no, a las instituciones de la sociedad local. Para este propósito, el consulado ha establecido una serie de alianzas estratégicas con organismos públicos y privados que ofrecen servicios gratuitos y de bajo costo para grupos de escasos recursos, a veces, y para la población en general, en otros casos. Estos organismos y sus empleados son lo que algunos investigadores han llamado la burocracia de nivel de calle: va desde los bibliotecarios y maestros hasta el personal de los departamentos de salud pública. El mandato de esta burocracia es proporcionar servicios a las personas sin preguntar por su estatus legal.

La política de integración del gobierno mexicano me llama la atención por varias razones. Primero, porque va a contracorriente de la política del gobierno federal y de muchas de las administraciones estatales y locales en Estados Unidos. Durante casi dos décadas, estos gobiernos, desde Georgia hasta Arizona, se han dedicado a aprobar leyes para des-integrar a los inmigrantes del tejido social norteamericano—ya sea por la vía de las deportaciones o a través de legislaciones que le niega servicios a los inmigrantes pobres o indocumentados.

La segunda razón está relacionada con la primera, pero es más compleja. Estados Unidos y México no son países iguales. El primero es una superpotencia económica y política de la cual depende México. La relación entre ambas naciones es de profunda desigualdad. Pero eso no evita que los dos países también interactúen como naciones soberanas, inclusive en temas como el de la migración. En este ámbito, las acciones de un gobierno provocan la reacción del otro. Si Estados Unidos promueve la exclusión de los inmigrantes, México bien puede abogar por su integración—desde el consulado.