Corrupción en Centroamérica bloquea avance contra crisis fronteriza
La violencia rezagada por el crimen organizado en Centroamerica es una de las principales causas por las cuales tantos emigran
WASHINGTON, D.C.— El paquete de $3,700 millones que ha pedido la Casa Blanca para atajar la crisis en la frontera ha desatado un agrio debate sobre la eficacia de la lucha contra la narcoviolencia que durante años ha financiado parcialmente Washington con magros resultados.
Del total de esos fondos, la Administración Obama quiere que el Congreso destine $295 millones para programas de reinserción de inmigrantes deportados a Centroamérica y para ayudar a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala a aliviar las condiciones que empujan la emigración ilegal hacia el Norte, incluyendo la inseguridad ciudadana, la pobreza y la inestabilidad política.
La solicitud deja en claro que más allá de esa ayuda inicial, la continuidad de fondos dependerá del “progreso sostenido y la cooperación de los países centroamericanos”.
Desde 2008, el Congreso ha autorizado alrededor de $800 millones a Centroamérica en ayuda para la seguridad –de los cuales se han desembolsado unos $574 millones, en comparación con más de $2,000 millones para México.
Los republicanos en el Congreso, incluyendo los senadores Jeff Flake y John McCain, quieren que se condicione la asistencia exterior de EEUU a que los países aumenten de forma palpable sus esfuerzos por frenar la emigración ilegal hacia este país.
Los fondos suplementales se suman a los que el Congreso ha aprobado por separado para la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI) para combatir a los narcotraficantes en la región.
Algunos expertos consultados por La Opinión coinciden en que la ayuda para frenar la violencia tiene que estar mejor canalizada.
“Queremos que continúe la ayuda estadounidense, pero no se puede seguir tirando dinero a un problema en países como Honduras donde hay casos de corrupción en las fuerzas de seguridad. El Congreso tiene que examinar cuidadosamente la ayuda que envía a Honduras y cómo se está usando para frenar la violencia”, dijo Dan Beeton, analista del progresista Centro para la Investigación Económica y de Política (CEPR).
“No es secreto que hay impunidad en Honduras y que la corrupción se extiende a miembros de la clase política. Tiene que haber rendición de cuentas para que el dinero (para la lucha antidrogas) no caiga en manos de los narcotraficantes”, enfatizó.
Según Beeton, el modelo planteado en CARSI, que se apoya en las estrategias usadas para el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, no está surtiendo el efecto deseado.
Por su parte Maureen Meyer, experta en asuntos de México y Centroamérica de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), cree que la ayuda destinada a la región ha sido escasa ante la magnitud del problema.
“La verdadera crisis humanitaria empieza en los barrios de Centroamérica plagados de violencia y pobreza… se tiene que hacer más para atender las raíces de esta ola de emigración ilegal”, observó.
Aunque la Administración Obama apoya reformas judiciales y programas antidrogas, la mayor parte de los fondos ha financiado programas policiales y de interdicción que, paradójicamente, han aumentado la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, que han recibido la mayor tajada de los fondos de CARSI.
En junio pasado, durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para la lucha antidrogas, William Brownsfield, afirmó que CARSI ha contribuido a reducir las tasas de violencia y homicidios en Centroamérica.
No obstante, reconoció que, si se toman en cuenta los continuos altos índices de homicidios en los países del “triángulo del Norte” –El Salvador, Guatemala y Honduras-, “la seguridad ciudadana sigue siendo un tema preocupante”.
