Editorial: Demanda electoral en Texas
El juicio pone sobre el tapete las nuevas exigencias para votar en varios estados del país
En junio pasado la Suprema Corte de Justicia eliminó la protección que el gobierno federal proveía a los votantes en los estados con historiales de discriminación racial. La garantía era que todos los cambios electorales que se realizaban debían de ser aprobados previamente por el Departamento de Justicia.
En un tribunal federal de Corpus Christi, Texas, ahora se trata de revertir el fallo federal, disputando la legalidad de las leyes promulgadas hace tres años por el gobernador Rick Perry, las cuales establecieron la necesidad de una identificación con fotografía para votar.
La ley fue muy selectiva en cuanto a cuáles identificaciones eran aceptadas. Por ejemplo, el permiso para portar armas era reconocido para votar, pero no así la credencial de estudiante, dando una ventaja para asistir a las urnas a un grupo demográficamente más conservador y blanco.
Los legisladores republicanos de Texas aprobaron la nueva exigencia electoral para proteger la “integridad electoral” y combatir el “abrumador” fraude electoral.
En realidad, se detectaron 60 casos de fraude electoral en los pasados cinco años en Texas. Solo uno o dos de ellos involucraron a un votante que se hizo pasar por otro.
La ley lo que hace es complicarle el acceso a las urnas a cerca de 1.2 millones de texanos que, según el Brennan Center for Justice, se estimó que carecen de los documentos necesarios. Entre ellos medio millón de latinos y 180,000 afroamericanos.
La demanda iniciada por las organizaciones LULAC y NAACP de Texas, cuenta con el respaldo federal como una manera de revertir la decisión judicial que aguó el área de derechos civiles de la Ley de Derechos del Votante.
Este caso puede tener un importante impacto en varios estados y ciudades que estaban bajo supervisión federal y, aprovechando el fallo del Alto Tribunal, están haciendo cambios similares a loe de Texas. También es más importante ante la falta de acuerdo en el Congreso para corregir legislativamente la decisión judicial.
Los problemas más serios con el fraude electoral están en la votación por correo. El centrarse exclusivamente en la identificación en la urna muestra que el interés es la exclusión de votantes y no la integridad del proceso.
