“Están vivos”, insisten padres de los 43 desaparecidos de Iguala

Cuatro meses han pasado desde la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.

Medio centenar de funcionarios han sido encarcelados, decenas de cuerpos desenterrados y un muchacho identificado.

Pero hasta ahora nada ha podido aplacar la furia y el dolor de decenas de padres que reclaman el regreso de sus hijos.

“Están vivos”, gritan miles por las calles de la Ciudad de México en clara oposición a la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) cuya hipótesis principal, que se sustenta en declaraciones de los presuntos asesinos, supone a los normalistas ejecutados, calcinados y tirados a un río.

Las cuatro marchas que partieron en la mañana de este lunes desde cada uno de los puntos cardinales de esta capital para converger en un mismo acto vespertino, así como sus réplicas en más de 40 ciudades en México y en el extranjero, tienen como alma la incredulidad sobre esta versión.

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A los padres “no les cuadran” las versiones de la PGR. “Tiene que fortalecerse la investigación, dar pruebas científicas irrefutables”, pidió Vidulfo Rosales, el abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlalchinollan.

“Los tiene el Gobierno, los tiene el Ejército escondidos por alguna razón”, dice Delfina de la Cruz, madre del normalista Bernabé Abrajan, mientras otros familiares asienten a su lado.

Hasta Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, el único estudiante identificado en la Universidad de Innsbruck, Austria, cuestiona que, efectivamente, los restos de su hijo hayan sido sacados del río.

Es decir, Mora sí cree que su hijo murió –sólo porque así lo confirmaron forenses argentinos– pero duda que haya sido como dice la PGR.

Las suspicacias que acompañan este sentimiento crecieron después de que la semana pasada el laboratorio de Innsbruck diera pocas esperanzas de identificar los restos que la PGR envió para el análisis.

Las familias de los desaparecidos han querido desde un principio que los hechos fueran tipificados como “desaparición forzada” para responsabilizar jurídicamente al Estado, por la participación de funcionarios oficiales como el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, así como de los policías municipales de Iguala y Cocula.

Pero el caso se desarrolla bajo los cargos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada.

Incluso el fin de semana pasado, alrededor de 300 personas entre esposas, familiares y amigos de los policías detenidos también cuestionaron las imputaciones contra los suyos.

“El gobierno de la República no ha escatimado ni tiempo ni esfuerzo para llegar a las conclusiones que ha presentado la Procuraduría y que seguramente lo habrá de hacer con más detalle, pero hemos cumplido con lo que en ese momento se requería para llegar a tener la verdad que todos los mexicanos necesitábamos”.

Miguel Ángel Osorio, secretario de Gobernación.