¿Qué necesita Ayotzinapa para creerle al gobierno mexicano?

Hasta ahora, sólo se ha identificado a uno de los normalistas desaparecidos
¿Qué necesita Ayotzinapa para creerle al gobierno mexicano?
Los familiares de las víctimas han dicho que no creen en la versión oficial.
Foto: EFE

MÉXICO.- Al gobierno mexicano no le creen. Lo repitieron hoy los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre pasado y dos instituciones independientes la internacional Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pidieron a las autoridades reconocer que “hay una crisis de credibilidad”.

No es un capricho sino décadas de engaño, observó de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW en entrevista radiofónica: “Es difícil creer en su palabra, en sus conclusiones porque anteriormente se han arrancado confesiones sobre la base de apremios, torturas, irregularidades y presiones”.

Años de “crisis en el estado de derecho, burocratismo, lentitud, abusos de procedimientos jurídicos y corrupción”, agregó Luis Raúl González, de la CNDH.

Pero, ¿qué necesitan los padres de los muchachos presuntamente secuestrados por policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos para creer la versión del procurador de Justicia, Jesús Murillo, de que los estudiantes fueron quemados y tirados al río como aseguran sus testigos?

“Certeza científica en términos probatorios porque ahora todo se basa en declaraciones de los detenidos”, dijo el abogado Vidulfo Rosales, como una de las primeras condiciones; esto es, que no se diga que todos los estudiantes fueron incinerados y tirados al río hasta que la universidad de Austria entregue todos los resultados.

Hasta ahora, sólo ha identificado uno de ellos.

¿Qué más hace falta a las familias? Puntos concretos, agrega Rosales.

Que se investigue el asesinato del normalista Julio César Mondragón, el muchacho que fue ultimado por policías y malandrines de la manera más cruel posible, torturado, despellejado del rostro y a quien se le mutilaron los ojos, el mismo día que desaparecieron sus 43 compañeros.

Además, un juicio político contra el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y su procurador de justicia Iñaki Blanco, acusados de desestimar y desaparecer pruebas de los hechos de violencia que ya ocurrían en Guerrero desde años atrás.

Y por último, un juicio bajo términos de desaparición forzada, “hasta ahora ha sido por el crimen organizado para evadir la responsabilidad del estado”; una investigación contra el ejército por posible complicidad y la captura de todos los involucrados en el caso.


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“Hay que desmantelar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otra cosa que la corrupción”.

Luis Raúl González, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante su informe 2014.