Compensación de $6 mil a ciudadano por cuestionar su ciudadanía

Pasó medio día en la cárcel mientras las autoridades confirmaban su estatus legal

La Junta de Supervisores aprobó renovar el programa de colaboración con ICE, bajo el cual Diego Rojas fue detenido.

La Junta de Supervisores aprobó renovar el programa de colaboración con ICE, bajo el cual Diego Rojas fue detenido. Crédito: Aurelia Ventura / La Opinión

Un ciudadano estadounidense que fue amenazado con la deportación luego de ser llevado a la Cárcel Central de Hombres del condado de Los Ángeles recibirá una compensación de $6 mil por el medio día que no le permitieron salir de la cárcel mientras se cuestionaba su ciudadanía.

Ese fue el acuerdo al que llegó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y la Red Nacional de Jornaleros junto con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, encargado de la seguridad en las cárceles.

Diego Rojas, de 18 años, fue arrestado en mayo de 2014 y llevado a la cárcel. Poco tiempo después, su familia pagó una fianza. Cuando salía de la cárcel, agentes del Sheriff le previnieron hacerlo y en cambio lo cuestionaron sobre su estatus migratorio, según indica el ACLU.

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A pesar de él ser un ciudadano estadounidense, los agentes alegaban que él mentía y lo amenazaron con deportarlo a México si no confesaba haber nacido en ese país. Solo después que su hermana proveyó un certificado de nacimiento pudo ser liberado.

“Diego Rojas es uno de miles de personas que han sido cuestionados, maltratados, y detenidos ilegalmente bajo el programa 287(g) del condado que ha estado vigente por décadas”, indicó Jennie Pasquarella, abogada del ACLU. “Pedimos a la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles que termine finalmente con este acuerdo”.

El año pasado, la Junta de Supervisores renovó el acuerdo, bajo el cual agentes asignados a la cárcel del condado fungen como agentes migratorios, indagando el estatus de los reclusos y hasta iniciando procesos de deportación en su contra.

Los condados de San Bernardino y Riverside pusieron fin a los acuerdos del programa 287(g) el año pasado, después que una corte de distrito de Oregon responsabilizó a un condado por detener a una mujer a pedido de las autoridades de migración.

Rojas no es el primer ciudadano estadounidense en ser cuestionado bajo el programa. En 2007, Pedro Guzmán, un hombre con problemas mentales, fue deportado a México después que un agente cuestionó su estatus en la cárcel. Guzmán pasó dos meses perdido en la ciudad de Tijuana, pidiendo comida y durmiendo a la intemperie antes de ser localizado por su familia.

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