Editorial: El derecho de la ciudadanía
El problema del tráfico humano es muy serio para usarlo con fines partidistas e ideológicos
Una familia llena una solicitud de DACA en un taller en la Ciudad de Nueva York, el el 18 de febrero de 2015. Crédito: Getty Images
La justicia para las víctimas del tráfico humano es una causa con un respaldo unánime. Sin embargo un proyecto de ley en el Senado con ese fin está trabado por el intento de usarlo contra los indocumentados, proponiendo un cambio en la Constitución.
La enmienda presentada por el senador David Vitter (R-LA) para el Justice for Victims of Trafficking Act of 2015 quiere limitar la ciudadanía estadounidense solamente a los hijos de ciudadanos, residentes legales e inmigrantes que están en las Fuerzas Armadas. Esto es un cambio significativo en la Enmienda 14 de la Constitución que garantiza la ciudadanía a los nacidos en territorio estadounidense.
La acción de Vitter es uno de los motivos por el cual los demócratas le han quitado el respaldo al proyecto. El otra causa es la contradicción en la ley de querer ayudar a las víctimas de violación, al mismo tiempo que se limita la posibilidad de acceder a un aborto. Aquí el interés de la mujer victimizada pasa a un segundo plano.
En el caso de la ciudadanía , Vitter ha propuesto con anterioridad este tipo de medida. Este año el proyecto fue presentado el primer día de sesión. El argumento esbozado ahora es frenar los “nacimientos turísticos” de las familias chinas que vienen a tener sus hijos en Estados Unidos para después regresar a su país, dejando la posibilidad a sus hijos de volver legalmente como ciudadano. En realidad el propósito es tener un alcance mucho mayor, según el lenguaje de la enmienda.
Esta propuesta no diferencia el llamado “nacimiento turístico” de aquel que ocurre en una familia que, aunque sin papeles, lleva una vida en este país. Lo único que logra la enmienda es crear más indocumentados y formar una subclase de personas desde su nacimiento.
Esta es una enmienda venenosa sobre migración que no tiene nada que ver con la ley en cuestión. Es un intento de cambiar la Constitución para que la ciudadanía sea un privilegio determinado por unos pocos y no un derecho salvaguardado en la Constitución.
El problema del tráfico humano es muy serio para usarlo con fines partidistas e ideológicos. Los senadores juraron defender la Constitución y no cambiarla por la puerta de atrás con enmiendas malintencionadas.
