La discriminación laboral a indocumentados es una realidad en EEUU

Activistas presentan casos ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos con diversos casos y testimonios
La discriminación laboral a indocumentados es una realidad en EEUU
El Departamento de Estado negó que EEUU prive sistemáticamente de sus derechos a los indocumentados.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinion

Washington, D.C. – Aunque las leyes laborales deben protegerlos, miles de trabajadores indocumentados en realidad sufren violaciones de sus derechos o no obtienen compensación si sufren lesiones o discriminación en el trabajo, denunciaron este lunes activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante el 154 período de sesiones de la CIDH, los activistas advirtieron de que el fallo del Tribunal Supremo en el caso “Hoffman Plastics limitó el derecho de los trabajadores indocumentados a un recurso efectivo cuando se viola su derecho a la libertad de asociación.

En concreto, a raíz de ese fallo, los indocumentados que son despedidos ilegalmente por ejercer su derecho a la libertad de asociación ya no tendrían derecho a reclamar el pago de salarios retrasados debido a que no tienen “papeles”.

“Queremos llamar la atención sobre la desigual aplicación de las leyes laborales en EEUU, porque se está discriminando contra los trabajadores indocumentados. No tienen derecho pleno para cuando sufren lesiones o discriminación en el trabajo”, dijo a este diario la abogada Sarah Paoletti, tras su intervención ante la CIDH.

Paoletti, de la Facultad de Leyes de la Universidad de Pensilvania, consideró que la CIDH, que admitió a trámite los casos de dos mexicanos en 2011, debe reconocer que “existe un abismo entre los derechos y las realidades de los trabajadores migrantes” y, por lo tanto, EEUU “debe tomar todas las medidas apropiadas para que se respeten los derechos de todos los trabajadores”, sin importar su estatus legal.

La experta sugirió que algunas de esas medidas correctivas pueden incluir permisos temporales mientras se resuelven sus casos, o una vía hacia su eventual legalización.

Es que, sobre el terreno, los trabajadores indocumentados no tienen acceso a los “remedios” disponibles dentro de las leyes que rigen las normas de compensación laboral, incluyendo indemnización por discapacidad.

Paoletti y activistas de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y del Proyecto

Nacional sobre Leyes Laborales (NELP, en inglés) presentaron un expediente con diversos testimonios y casos de violaciones laborales contra los trabajadores indocumentados.

Señalaron en particular los casos de los mexicanos Leopoldo Zumaya y Francisco Berumen Lizalde, de Kansas y Pensilvania, respectivamente, que sufrieron lesiones en el trabajo pero recibieron poca o ninguna compensación debido a su estatus legal.

Lizalde, quien sufrió lesiones al caerse de un andamiaje en noviembre de 2005 mientras pintaba, fue deportado poco después.

Zumaya se cayó de un árbol en noviembre de 2004 y la aseguradora le negó beneficios por discapacidad laboral cuando se enteró, a través de su empleador, de que él era indocumentado. Según su testimonio escrito, Zumaya recibió una compensación de unos $35,000, menos de la mitad de lo que le correspondía.

El Departamento de Estado negó que EEUU prive sistemáticamente de sus derechos a los indocumentados.

Tras la audiencia de hoy, se prevé que la CIDH emita una serie de recomendaciones para mitigar la situación de los trabajadores migrantes, aunque el organismo no precisó fecha.


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· Permitir que los indocumentados con casos pendientes por defender sus derechos no sean deportados

· Fortalecer políticas que impidan que los empleadores amenacen con la “Migra” a quienes reclaman sus derechos

· Entablar un programa que informe a las autoridades locales y estatales sobre los límites del fallo del caso “Hoffman Plastics”.

· Fortalecer leyes estatales contra la discriminación para todos los trabajadores

· Prohibir que los empleadores indaguen sobre el estatus migratorio de trabajadores indocumentados que acuden a las cortes u otras entidades administrativas por violaciones laborales.