Guatemala, nadando en aguas negras

Los titulares de prensa develan de qué color son los responsables de gobernar al país y administrar los fondos públicos. Ya lo dicen las frases, “Por sus actos les conocerás” y “Dime con quien andas y te diré quién eres”.
En Guatemala, el más reciente descalabro (en abril) no ocupó titulares internacionales en los Estados Unidos. Pero sacudió a los guatemaltecos en un país donde queda poco de qué sorprenderse. Si lo planteamos en términos futbolísticos, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se anotó un gol al filo del minuto 90. Descubrió una red de corrupción que empieza en las aduanas y llega hasta la antesala de la Vicepresidencia (los capturados ya suman 19). Esto, una semana antes que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunciara si la CICIG salía del país en agosto próximo o permanecía dos años más.
El negocio era más o menos así: un importador pagaba al fisco solo el 40% del impuesto que le correspondía pagar, para ingresar mercadería al país. Pagaba otro 30% a la red de corrupción que, según la CICIG, lideró Juan Carlos Monzón, (ahora ex) secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. El otro 30% era un “descuento” para el importador. Todos ganaban, menos el país.
Pocos asociarían este robo a la crisis en los hospitales estatales a finales de 2014, cuando debieron cerrar los servicios salvo por las salas de emergencia, por falta de insumos. Hasta recibieron donaciones privadas de alimentos porque no tenían dinero para alimentar a los pacientes. Para someterse a una cirugía, debían llevar sus propias gasas, guantes quirúrgicos para los cirujanos, y medicamentos requeridos porque el hospital no los podía comprar. De este tamaño es la conciencia (si la tienen) de los funcionarios públicos corruptos.
La CICIG descubrió que entre los involucrados estaban los más altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la versión guatemalteca del IRS (Internal Revenue Service) en EE.UU. Los coordinaba Monzón (años atrás vinculado al robo de vehículos y prófugo hasta el cierre de esta columna). El dato surgió de conversaciones telefónicas que grabó la CICIG. En estas llamadas, los interlocutores se refieren (en clave) a “la Dos”, “la Señora” como parte de la red. También se refieren al “mero mero” y a “el número uno”. No hace mucha imaginación para adivinar de quiénes hablan. Según Baldetti, “podían estar hablando de cualquiera”. Según Pérez Molina, si él hubiera querido mantener la red de corrupción a salvo, “nunca le hubiera pedido a la CICIG que hiciera esta investigación”. Se olvida el presidente que él no manda a la CICIG. Se olvida también que trató de frenarla. Sin embargo, estallado este escándalo, no tuvo más que confirmar que la comisión se queda hasta 2017.
Basta recordar cómo reaccionaron Baldetti y Pérez Molina en 2013, cuando se extendió el mandato de la CICIG hasta agosto 2015, y el comisionado Iván Velásquez anunció que la comisión investigaría la corrupción aduanera y el financiamiento de las campañas políticas (2015 es año electoral). El presidente y la vicepresidenta declararon que la CICIG debía cerrar sus investigaciones y dedicarse a capacitar funcionarios del sistema de justicia. La CICIG, más viva, hizo las dos cosas: investigó el caso de la mano con el Ministerio Público. ¡Mejor lección no podían tener los fiscales!
En 2013, la CICIG les había tomado la medida. Por algo anunció que investigaría la corrupción en aduanas. Para entonces, ya se hablaba de las numerosas propiedades de Baldetti, pero fue inútil la presión para que divulgara detalles de su patrimonio. Un diario local (El Periódico) reveló que el valor de sus bienes excede con creces el salario devengado desde que es funcionaria pública (antes fue diputada). Ella dice que ganó su dinerito vendiendo shampú (cuando tuvo un salón de belleza). Luego, un raudo y veloz Pérez Molina le dijo a Univisión que metía “las manos al fuego” por Baldetti. La semana pasada apareció “molesto” cuando la prensa le preguntó si el escándalo salpicaba a la vicemandataria. La defendió otra vez.
Mientras tanto, en el horizonte hierve otra tormenta. Reportes de prensa indican que en 2011 (año electoral), Pérez Molina y Baldetti aceptaron US$2 millones de dólares para su campaña política de los guatemaltecos Marllory Chacón Rossell y Hayron Borrayo Lasmibat.
EE.UU. sigue la pista a ambos desde ese año por narcotráfico. Ahora en mayo, Chacón será sentenciada en Miami, después de colaborar con autoridades estadounidenses. Borrayo (cómplice de Chacón), también acusado en Miami, fue a juicio en marzo. Pero sus declaraciones, como las de Borrayo, EE.UU. las mantiene bajo llave.
Así, mientras que Guatemala flota en aguas negras, no hay puerto seguro a la vista—ni siquiera porque es año electoral. Y aun así Pérez Molina tiene el “temple” de prometer al vicepresente estadounidense Joe Biden que ayudará a sentar las bases para una mayor recaudación tributaria, desarrollo social, y “prácticas de buen gobierno” (para reducir la migración), a cambio de ayuda exterior. ¿Qué más se puede decir? Quizá sólo esto: “las acciones valen más que mil palabras”.