Supremo dividido en fármaco para inyecciones letales

El Tribunal Supremo se mostró este miércoles dividido sobre la legalidad de las inyecciones letales de midazolam, un sedante que en 2014 falló tres veces y cuya prohibición sería un revés para los estados que aún aplican la pena de muerte.

Tres presos condenados a la pena capital en Oklahoma, Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, interpusieron una demanda al cuestionar que el uso de midazolam viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de “castigos crueles o inusuales”.

Los cuatro jueces considerados conservadores cuestionaron hoy durante una audiencia en la sede del Supremo, en Washington, los argumentos esgrimidos por los abogados de los presos demandantes y se mostraron irritados por la situación crítica que enfrenta la pena de muerte desde hace unos meses en el país.

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“¿Es apropiado que el poder judicial tolere el equivalente a una guerra de guerrillas contra la pena de muerte?”, dijo el magistrado Samuel Alito, quien cuestionó que la demanda tan solo buscan dilatar la aplicación de las ejecuciones.

“Seamos honestos sobre lo que está pasando aquí realmente”, subrayó Alito.

En la misma línea, el magistrado Antonin Scalia apuntó que los estados han recurrido al midazolam en lugar de obtener los sedantes usados tradicionalmente y que se han mostrado eficaces, como el pentobarbital, “porque los abolicionistas lo han hecho imposible”.

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Ambos jueces criticaron así las reiteradas amenazas que sufren las empresas farmacéuticas que han dejado de proveer sus fármacos para las inyecciones letales.

Por su lado, los cuatro magistrados progresistas de la sala mostraron posiciones parecidas a las de los demandantes.

Elena Kagan comparó el efecto de las inyecciones letales en los reos con “ser quemado por dentro”.

“Supón que te vamos a quemar en la hoguera, pero antes de hacerlo te daremos un sedante con efectos desconocidos”, agregó Kagan, en referencia al midazolam.

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El juez Anthony Kennedy, quien suele decantar las posiciones hacia uno u otro lado, compartió impresiones con sus colegas conservadores.

Hoy hace exactamente un año de la ejecución en Oklahoma de Clayton Lockett, que agonizó durante 43 minutos al no producir el midazolam el efecto deseado.

A raíz de esa ejecución, Glossip, Grant y Cole presentaron una demanda contra su uso.

Florida fue el primer estado en usar midazolam en 2013 después de agotar las existencias de pentobarbital.

Oklahoma, Ohio y Arizona también lo han usado desde entonces, mientras que Alabama, Luisiana, Kentucky y Virginia tienen previsto hacerlo en caso de que el Supremo no lo prohíba.

Florida, de hecho, ha presentado un escrito en el que defiende que desde 2013 ha aplicado inyecciones de midazolam en once ocasiones “sin incidentes”.

El procurador general de Oklahoma, Scott Pruitt, defendió que el nuevo protocolo que ha adoptado el estado “no representa un riesgo y no puede considerarse cruel”, ya que con una mayor dosis de midazolam la sedación está asegurada.

Finalmente, un grupo de 12 profesores y expertos en farmacología presentaron otro escrito en el que, sin posicionarse, apuntan a que el midazolam no puede ser considerado “un sustituto apropiado” a los sedantes usados en el pasado.

Algunos estados como Tennessee o Utah ya han empezado a legislar con la hipótesis de que se prohíba el midazolam y no puedan obtener medicamentos para aplicar inyecciones letales, por lo que han reinstaurado la silla eléctrica y el escuadrón de fusilamiento, respectivamente.

La misma Oklahoma, por su parte, aprobó hace unas semanas el uso del nitrógeno por asfixia como método de ejecución.

Se espera que los magistrados fallen antes de que finalice el próximo mes de junio.