Suspenden la vigilancia telefónica
Se debate en Washington el futuro de los programas de la NSA autorizados dentro de la llamada “Ley Patriota”
Washington.-
Por primera vez en casi 14 años, los estadounidenses pueden realizar llamadas dentro y fuera de EEUU sin temor a que éstas queden en un registro permanente del gobierno, pero se trata de un breve respiro porque el Senado prevé aprobar una medida que extiende las tres cláusulas que vencieron la medianoche del domingo.
Sin embargo, el Senado federal planea someter tan pronto como este martes una medida reformista para que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) pueda continuar, aunque con restricciones, una serie de programas antiterroristas y la vigilancia de las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses.
Los senadores de ambos partidos debaten el futuro de programas de la NSA autorizados dentro de la llamada “Ley Patriota” que, por falta de acuerdo, caducaron a partir de la madrigada de ayer.
La Cámara de Representantes, también bajo dominio republicano, aprobó el proyecto de ley “USA Freedom Act” que extiende las cláusulas antiterroristas y reforma –pero no elimina- el programa para la masiva recabación de datos telefónicos de la población civil.
El debate cobra fuerza en un país donde la población defiende a rajatabla su derecho a la vida privada. Según encuestas, cerca de dos terceras partes de la opinión pública en EEUU apoya reformar la “Ley Patriota” –aprobada tras los atentados de 2001-, y más del 80% se opone a que el gobierno pueda acceder a la información confidencial de los estadounidenses sin el debido permiso judicial.
Las actividades de recogida de datos de la NSA salieron a la luz en 2013, cuando el empleado del Gobierno estadounidense Edward Snowden reveló estas prácticas secretas por parte de las agencias de seguridad de EEUU, puesta en marcha por la Administración de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el país.
Desde entonces, se abrió un debate entre el derecho a la intimidad de los ciudadanos y la necesidad de obtener información precisa para atajar potenciales ataques terroristas
Recetario antiterrorista
La iniciativa en debate ofrece a las agencias de inteligencia una alternativa para obtener datos de las empresas telefónicas siempre y cuando un juez del Tribunal para la Vigilancia de Inteligencia en el Exterior (FISA, por su sigla en inglés) considere que esos datos son clave para investigaciones antiterroristas.
Para que el proceso sea más transparente –la opacidad de los programas ha sido una crítica constante de grupos cívicos- tanto las empresas de telecomunicaciones como las agencias del gobierno tendrán que rendir cuentas sobre la cantidad y uso de los datos recabados.
La medida además exige que el tribunal de FISA designe a un grupo de expertos legales que los asesore sobre asuntos de libertades civiles.
El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan, advirtió el domingo de que las agencias de inteligencia necesitan herramientas para rastrear a posibles terroristas dentro y fuera del país.
Futuro incierto de los programas
Ante la acritud actual, la pregunta del millón es si el Senado logrará mantener con vida la autoridad de la NSA para rastrear las comunicaciones de posibles terroristas y otros programas que, en el marco de la llamada “Ley Patriota”, entraron en vigor tras los atentados de 2001.
El responsable de la demora en el voto fue el senador republicano de Kentucky y precandidato presidencial, Rand Paul, quien recurrió a reglamentos parlamentarios para impedir la votación.
Entre la seguridad y la protección de los derechos civiles
Para defensores del derecho a la vida privada, el Congreso tiene la obligación de proteger a la nación, pero sin atropellar los derechos civiles.
En declaraciones a este diario, Neema Singh Guliani, abogada de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), señaló que el debate ante el Senado “ofrece una oportunidad para mejorar aún más esta iniciativa” porque es urgente “aprobar una reforma más integral que proteja la vida privada de los estadounidenses”.
En ese sentido, Rita Siemion, abogada del grupo bipartidista “The Constitution Project”, señaló que el Senado debe “restablecer los derechos fundamentales perdidos en las prisas por mejorar la lucha antiterrorista” y, sobre todo, prohibir la vigilancia de estadounidenses sin el debido permiso judicial.
