Piden acción al gobierno federal en torno a Puerto Rico

Por haber implantado en Puerto Rico “leyes y prácticas injustas”, el gobierno federal tiene la obligación de ayudar a la Isla a salir de su actual crisis fiscal, indicó la organización Latino Justice/PRLDEF, uno de los grupos históricos de la diáspora puertorriqueña.
El grupo presentó como ejemplos las normas federales de cabotaje – que obligan a utilizar barcos estadounidenses, los más caros, para el transporte de productos entre Puerto Rico y los estados de EEUU, y las décadas de bombardeos militares en Vieques y Culebra.
Solo las normas federales de cabotaje le cuestan a cada familia unos $1,100 anuales, según el grupo, dedicado a la defensa legal de la comunidad hispana en general y puertorriqueña en particular.
Para Latino Justice, la imposición de las normas de cabotaje representan una violación internacional.
Mientras, reclamó la descontaminación y limpieza de los antiguos terrenos militares en las islas municipios de Vieques y Culebra.
Latino Justice sostuvo que además de lidiar con una emigración de jóvenes profesionales que van a EEUU en busca de oportunidades que no consiguen en la Isla, Puerto Rico se enfrenta además al hecho de una población cada vez de mayor edad, con altos riesgos de salud, desempleo, pobreza y políticas económicas de “explotación”, incluidos “fondos de cobertura que a sabiendas otorgaron préstamos que sabían que era imposible pagar”.
“El desplazamiento económico de miles de puertorriqueños no solo es destructivo para la reconstrucción de la economía local, sino que separa lazos familiares y culturales”, indicó Natasha Lycia Ora Bannan, abogada asociada en LatinoJustice PRLDEF.
Ora Bannan, además, censuró las medidas de austeridad que propone el Informe Krueger – como la reducción de salarios, la eliminación de protecciones laborales e incrementos en los costos de educación -, pues afecta adversamente a la clase trabajadora y las familias pobres. “Deben ser opuestas por el presidente (Barack) Obama y los miembros del Congreso”, agregó.

Incertidumbre en la isla

El lunes, el gobierno de la la isla,  ya conocida como ‘la Grecia del Caribe’, solo “abonó” el lunes 628,000 de los 58 millones de dólares que debía desembolsar a sus acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP) como parte de su deuda pública, cayendo por primera vez en su historia en ïmpago”de su deuda pública, intensificando así la incertidumbre sobre su economía, ante la posibilidad de que se pueda llegar a un default completo.
En junio, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconoció que la deuda de la isla es “impagable” y que hay que sacar a la nación de la “espiral mortal” en la que se encuentran sus finanzas públicas, para lo cual encomendó a un equipo preparar un plan de reestructuración para escapar del “círculo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos”, y que debe ser presentado a fines de mes.
También García Padilla ha pedido más sacrificios a todos los sectores de la isla, sumida en una grave crisis que ha golpeado con dureza a la población, un desempleo en 12.4%, más del doble de 5.3% en EEUU.
Por  ser un Estado Libre Asociado, Puerto Rico no puede declararse en bancarrota ya que la ley de quiebra allí es anticonstitucional.
EEUU, por su parte, no contempla la posibilidad de ayudar a su territorio no incorporado. De hecho, Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, ha declarado que “nadie en la administración de Obama está pensando en esa posibilidad”, ya que ni siquiera Detroit, que sufrió la mayor quiebra municipal en EEUU, recibió un rescate federal tras incumplir sus pagos