El tema migratorio debe salir del rincón burocrático

Lo que parece indiferencia ha hecho parte de una política sistemática de reducción presupuestaria, dicen los críticos

Migrantes centroamericanos a su paso por México.

Migrantes centroamericanos a su paso por México. Crédito: Getty Images

MÉXICO.- Uno de los grandes desafíos de la política mexicana se encuentra en un rincón burocrático del gobierno de Enrique Peña Nieto al que sólo se mira cuando hay escándalos o en mero discurso. El reto se llama migración y tiene muchos rostros, desde la diáspora de paisanos a Estados Unidos, a la ruta de paso; de los niños sin acompañantes a los braceros y los retornados.

Un día de principios de año, una pareja de repatriados entró a las oficinas de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias del Distrito Federal con los ojos desorbitados y las lagrimas a la vista.

“Dejamos a nuestra hija en Arizona”, dijo Artemio Casas, el padre.

Hace tiempo que Haydeé Reyes, la encargada del despacho, recibe a retornados de EEUU en busca de ayuda para integrarse otra vez a su país, para rentar un lugar, buscar trabajo, meter a los niños a la escuela… pero la visita de los Casas la sorprendió por mucho.

La decisión de encargar a su hija con familiares en Arizona fue porque la niña de ocho años padece de una “extraña” enfermedad cuyo tratamiento allá es gratuito por ser estadounidense mientras en México sólo se atiende en hospitales federales donde los Casas no tienen acceso sin seguro social.

“No hay un programa federal integral que ayude a los deportados más que para recibirlos en la frontera y un pequeño presupuesto para negocios que pronto quiebran porque no los saben administrar”, observa Reyes.

De la falta de un sistema de atención a repatriados bien saben los más de 500,000 jóvenes “dreamers” con estudios profesionales en Estados Unidos totalmente bilingües y que, sin embargo, no encuentran trabajo en México, principalmente porque su nivel académico no es reconocido oficialmente.


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Este año la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó que los niños nacidos en otros países puedan acceder a las escuelas sin necesidad de un documento llamado “apostilla” que lanzaba a los migrantes retornados a un lío burocrático de años para conseguirla mientras sus hijos se quedaban en casa o asistían a clases sólo como oyentes.

Sin la apostilla, todos los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria tienen acceso sin restricción; pero no así los universitarios que todavía tienen que revalidar los estudios.

“Estamos en el siglo XXI y México aún no quiere reconocer las licenciaturas de los jóvenes que estudiaron con su principal socio comercial”, observa Jill Anderson, autora del libro Los Otros Dreamers donde aborda los obstáculos que padecen los muchachos cuyos padres se los llevaron siendo niños a la Unión Americana y después regresaron a México.

A estos tres problemas –la falta de acceso a la salud, educación y empleo para los migrantes de retorno- se añaden dos más relacionados a seguridad, la justicia y la economía nacional.

El 13 de marzo pasado, un grupo de campesinos de Puente Grande, Jalisco, y sus familiares en Los Ángeles y Chicago, fueron expulsados de 79 hectáreas de uso agrícola y ganadera con artilugios legales, seis patrullas, 12 policías y 50 civiles armados.

“Nuestros hermanos en Estados Unidos están ayudando a pagar los abogados porque también tienen interés aquí”, precisa Javier Padilla, uno de los afectados por el despojo encabezado por un ex funcionario del gobernador Francisco Ramírez Acuña.

De tal situación están al tanto el consulado en Los Ángeles – donde protestaron recientemente- y el presidente Peña, a quien enviaron una carta que sí tuvo respuesta, pero evasiva: vayan con las autoridades locales.

La indiferencia del mandatario mexicano y su gabinete a los asuntos de la diáspora no es mera desidia o ninguneo -dicen sus críticos- sino una política sistemática que inició con la cancelación de pagos compensatorios a los ex braceros, esos trabajadores a quienes el gobierno desapareció sus ahorros, y siguió con el recorte de dinero para atención jurídica y administrativa a los mexicanos en el exterior.

“Todos los programas de atención a migrantes recibieron recortes con Peña, incluso cuando todavía se creía que habría una Reforma Migratoria”, advirte Juan Manuel Ávila, ex secretario técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. “En los hechos, la migración no existe para esta administración y el reto inmediato es que no siga quitando presupuesto”.

Plan de contención 

Apenas el presidente Barack Obama anunció que había una crisis en su país por el arribo de miles de niños migrantes no acompañados en 2014, el gobierno mexicano apretó la tuerca en la frontera sur: lanzó operativos contra el tren de carga donde los centroamericanos viajaban clandestinos rumbo a Estados Unidos y orilló a los indocumentados a tomar otras rutas.

“Los está lanzando a corredores de la muerte, a traficantes sin escrúpulos, violadores, ladrones, secuestradores”, advierte el sacerdote Tomás González, fundador del albergue La 72 en Tabasco. “Se deben atacar las causas no las consecuencias”.

Hace años que México se encuentra en un debate entre la retórica de combatir la emigración con oportunidades y la realidad de los 250,000 personas que sin papeles buscan alcanzar el “Sueño Mexicano” y aún no se tiene respuesta. Hasta ahora el Plan Frontera Sur ha sido más de contención de inmigración que proyecto de desarrollo.

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