Iguala: Padres de los 43 buscan que Peña Nieto ordene reestructurar investigación

El encuentro con el mandatario podría producirse esta misma semana o a principios de la próxima

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Crédito: EFE

Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala buscarán que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, adquiera un “compromiso claro de que se van a reestructurar completamente las investigaciones”, dijo hoy su abogado, Vidulfo Rosales.
En una entrevista con Radio Fórmula, el letrado detalló que ya están en contacto con el Gobierno para cerrar la fecha del encuentro con el mandatario, el cual podría producirse esta misma semana o a principios de la próxima.
Rosales explicó que “por compromisos del presidente (la reunión) se ha ido postergando”, pero reconoció que hay voluntad del Ejecutivo para llevarla a cabo y confió en que se realice “cuanto antes”.
Varios de los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudian el caso desde hace seis meses expresaron su disposición a permanecer en el país para asistir al encuentro con Peña Nieto, añadió.
En un informe presentado el domingo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estimó imposible que los jóvenes hayan sido quemados en un basurero, como sostenía la Fiscalía, y señaló graves irregularidades en la investigación, como la destrucción de evidencias y torturas a detenidos por el caso.
Además, reveló que el traslado de droga oculta en uno de los autobuses tomados por los estudiantes para trasladarse pudo ser el móvil del ataque, una hipótesis que no ha sido explorada por la Fiscalía, pese a la existencia de evidencia en ese sentido.

Según la versión oficial, el 26 de septiembre de 2014 un grupo de jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por policías cuando se trasladaban en varios autobuses supuestamente para sabotear un acto oficial de la esposa del alcalde de Iguala.
En los ataques murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y 43 jóvenes fueron detenidos y entregados a miembros del cártel de Guerrero Unidos, los cuales -según la Fiscalía- asesinaron y quemaron a los jóvenes en un basurero en Cocula, aledaño a Iguala.
Rosales dijo estar preocupado porque aunque el presidente ha expresado su disposición a aceptar las recomendaciones de los expertos de la CIDH, otras voces dentro del Gobierno “cuestionan todavía el informe” del GIEI.
“No sé si es por defender su trabajo” (…) pero nosotros vemos un doble recelo, por un lado se dice que sí y, por otro lado, otras autoridades intentan seguir cuestionando”, apuntó.
El letrado destacó la necesidad de que la fiscalía investigue la hipótesis del traslado de la droga hacia EEUU en autobuses como móvil y profundice las pesquisas sobre lo ocurrido después de la detención de los jóvenes por parte de los policías de Iguala y Cocula.
Se tienen “que trabajar nuevas líneas, nuevas rutas, reconstruir totalmente la investigación“, añadió.

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