Editorial: El Congreso debe actuar sobre Puerto Rico

La grave crisis financiera por la que pasa Puerto Rico sigue siendo ignorada por el Congreso federal que debe actuar para aliviar la presión que existe sobre la isla. El intenso cabildeo de los fondos de inversión de alto riesgo evita dar una salida que no sea otra que negociar bajo las condiciones de los buitres financieros.

Hay dos proyectos de ley en el Congreso, el S.1774 de los senadores demócratas Richard Blumenthal y Chuck Schumer de Connecticut y Nueva York, respectivamente, y la H.R 870 del representante de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que básicamente le permite al gobierno de la isla acogerse a la ley de bancarrota como cualquier otro Estado de la Unión Americana.

Hasta el momento los proyectos están frenados por la falta de respaldo republicano. La mayoría legislativa carece de simpatía por los problemas de la isla, a los que ven como el resultado de políticas demócratas fallidas. Al mismo tiempo, creen en el argumento de los fondos de inversión que la crisis puertorriqueña es una problema de déficits -que se arregla con recortes de gastos y más impuestos- y no de deuda.

Quizás en algún momento se pudo haber manejado el problema con presupuestos, pero hoy es imposible bajo las condiciones actuales, por ejemplo con una reducida base impositiva, que Puerto Rico pueda hacer frente a los más de 70 mil millones de dólares que adeuda. La solución es que la isla pueda ampararse en el Capítulo 9 de Bancarrota que le permita reestructurar su deuda. Ya hay algún acreedor dispuesto a negociar una reducción de deuda , pero es la excepción.

Estados Unidos no puede lavarse las manos de esta crisis porque es la responsable de gran parte de los problemas de la isla, a la que vio como un paraíso fiscal para sus empresas y poco mas, imponiendole leyes draconianas como obligarle a pagar su deuda externa antes de sus compromisos internos con su propia gente.

El problema de hoy es parte de la visión colonialista de Estados Unidos que usó la isla para sus intereses y hoy la deja a la merced de especuladores de alto riesgo que, con la ayuda del Congreso, quieren hacerle pagar a todos los puertorriqueños el precio de sus malas inversiones.