Opinión: El derecho a muerte digna debería ser una elección personal

Poner los intereses de los enfermos por sobre nuestras creencias puede ser difícil, pero tendría que ser el punto de partida

Se legaliza la ley de muerte asistida en California.

Se legaliza la ley de muerte asistida en California. Crédito: Archivo | Shuterstock

Este año fuimos testigos de un debate sobre el derecho a una muerte digna ante la dificil realidad de una enfermedad terminal y la certificación profesional de que la vida ya no será lo que algún día fue.

En California, la senadora democrata Lois Wolk introdujo en Marzo de este año, un proyecto de ley (SB 128) para que los pacientes terminales puedan decidir cuándo terminar su vida y tener una muerte digna.

Después de una gran presión, Wolk decidió abandonar su proyecto. Pero el tema no quedo ahí y a pocas semanas de terminar el ciclo de sesiones en la Legislatura, la asambleísta Susan Talamantes Eggman tomó la posta.

Formada profesionalmente como trabajadora social, Talamantes Eggman fue testigo de lo que es vivir con una enfermedad terminal.

El debate se reinició con mayor apoyo de sus colegas demócratas y una marcada oposición de los legisladores republicanos. Un tema que no tendría que acarrear matices políticos, terminó siendo politizado.

La elección de una muerte digna debe ser respetada aunque nuestras creencias religiosas vayan a contramarcha de semejante decisión.

De la misma manera que esperamos se respeten nuestras creencias, debemos respetar las ajenas; sobre todo cuando esa decisión está altamente regulada para prevenir que la ley sea usada en situaciones donde todavía hay esperanza de remisión.

Las instituciones del Estado tendrían que limitar su envolvimiento en estas decisiones y sólo proveer las herramientas legales necesarias para que el paciente, que está enfrentando semejante situación lo pueda hacer con apoyo profesional calificado y la contención emocional de sus familiares.

El proyecto de ley de aprobado por la Legislatura provee varios resguardos para que el acceso a una muerte digna este limitado a aquellos  pacientes que están en situaciones realmente terminales.

El gobernador Jerry Brown tiene la ley y una situación difícil en sus manos. Como hombre de fe y jefe de Estado debe balancear sus creencias personales con las necesidades de sus gobernados.

Poner los intereses de los enfermos por sobre nuestras creencias puede ser difícil, pero tendría que ser el punto de partida de nuestro razonar y la base de accionar del gobernador.

El bienestar de los enfermos así lo demandan. La pérdida de la calidad de vida no es una elección personal bajo nuestro control, pero sí tendrían que serlo las condiciones en las que las mismas se desarrollan.

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