La lucha por las familias migrantes en manos de un legendario abogado

Peter Schey argumentó parte de Plyler v Doe ante la Corte Suprema, permitiendo el acceso de niños indocumentados a las escuelas, y también luchó contra la Proposición 187. Ahora está en batalla contra el gobierno de Obama, retando el trato que le da a las madres y niños centroamericanos.
La lucha por las familias migrantes en manos de un legendario abogado
Peter Schey, abogado de cientos de batallas en favor de los inmigrantes.
Foto: Suministrada

Peter Schey ha vuelto de nuevo a las andadas, luchando esta vez por lograr que las madres centroamericanas que cruzan la frontera estadounidense con sus bebés e hijos, tengan más derechos y eventualmente, una oportunidad justa de obtener asilo.

El abogado, originario de Sudáfrica pero que vive en Estados Unidos desde muy joven, ha pasado toda su vida profesional defendiendo los derechos constitucionales de los grupos más débiles de la sociedad.

Los inmigrantes –que él también lo es- han sido protagonistas de muchas de sus actividades legales, comenzando con el caso Plyler v Doe, el que a principios de los años 90 permitió que los indocumentados pudieran asistir a las escuelas públicas.

Schey fue uno de los abogados que argumentó Plyler ante la Corte Suprema. Su historial supera los 100 casos legales, demandas colectivas y de derechos civiles, incluyendo las demandas contra la proposición 187 en California en los años noventa.

A sus 69 años Schey está empeñado en obtener una victoria más, y poco a poco está avanzando en lograrla. En una reciente entrevista con La Opinion, el letrado explicó donde está el caso que persigue contra el gobierno de Barack Obama para lograr la liberación de las madres centroamericanas.

“Seguiremos luchando hasta que el presidente Obama vea la luz y en vez de poner 200 millones de dólares en los bolsillos de las corporaciones privadas que manejan las cárceles para familias, decida invertir unos pocos millones en darles abogados para que puedan tener un proceso justo”, dijo Schey.

La corte de apelaciones del Noveno Circuito le otorgó a Schey una victoria hace pocos días: dictaminó que los menores migrantes detenidos junto con sus padres en “centros familiares”, sí están cubiertos por los mismos derechos que los niños que llegan solos y que las autoridades deben hacer todo lo posible por liberarlos lo antes posible.

Algo similar había decidido un tribunal federal el pasado año, pero el gobierno apeló a la instancia superior, y Schey y su grupo siguieron peleando.

“Creo que esta vez el gobierno sabe que tiene muy pocos argumentos legales”, dijo Schey. “Su postura legal es frívola, casi ridícula. De hecho hemos logrado poco a poco que vayan cambiando la práctica y eventualmente esperamos que la abandonen del todo”

Cuando comenzaron a llegar estas familias, su detención en “semi cárceles” estaba siendo usada como “ejemplo” para impedir que otros migrantes se lanzaran hacia los Estados Unidos. La idea era que los medios divulgaran la noticia y que allá, en centroamerica, la gente lo pensara dos veces antes de venir.

Pero el gobierno no contaba con que Schey y su grupo tenían años ya velando por el trato que se da a los migrantes menores de edad y que tan pronto como comenzaran a encarcelar a esta nueva ola de migrantes, los abogados se pondrían de nuevo en acción.

Un tema casi olvidado, pero no por todos

La campaña electoral ha eclipsado casi por completo un tema que hace dos años estaba en los encabezados de todos los medios: la llegada de niños migrantes y de sus madres, en busca de refugio en Estados Unidos por la violencia en Centroamérica.

Decenas de miles de menores migrantes han venido solos en los últimos años, alcanzando un punto álgido en 2014 y bajando en 2015, para volver a repuntar este año, con la violencia creciente en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Muchas madres también han venido y continúan viniendo con sus hijos, casi siempre bebés o niños pequeños, que igualmente escapan de violencia pandilleril, combinada con un altísimo porcentaje de violencia doméstica.

Al llegar aquí, y ser arrestados en muchos casos por la Patrulla Fronteriza los menores solos pasan un proceso mandado por la ley estadounidense, que los detiene por poco tiempo y en seguida busca reunirlos con familiares o patrocinadores, siendo recibidos en refugios que no son como cárceles.

El abogado Peter Schey y su colega Carlos Holguín, del Centro por los Derechos Humanos y Ley Constitucional, son los principales responsables de que estos menores no vayan a cárceles o centros de detención de ICE y pasen rápidamente de la custodia de inmigración a la del Departamento de Servicios Sociales.

Schey y Holguín demandaron en los años ochenta al gobierno de Estados Unidos por el trato a menores refugiados utilizando el caso de Jenny Lisette Flores, una niña salvadoreña de 15 años arrestada en 1985 entrando a Estados Unidos y detenida prácticamente como una criminal.

El caso fue litigado durante 9 años y llegó a la Corte Suprema, produciendo en 1993 un acuerdo que llevó a un cambio y a mejoras en las condiciones de detención de menores migrantes.

Pero con la llegada de madres con bebés y niños, el gobierno del presidente Barack Obama revivió una casi difunta institución : la detención familiar.

Argumentando que los niños que vienen con adultos no tienen los mismos derechos legales que los que vienen solos, el ejecutivo decidió encerrar a estas madres y sus pequeños en centros “especiales” de detención, mientras esperan sus casos de asilo.

Peter Schey y su organización entraron de nuevo en acción en enero de 2015, seis meses después de comenzar el tremendo “surge” o “aumento” del flujo de refugiados, pidiendo que el resultado de la demanda Flores se aplicara a estas familias detenidas.

En Agosto del año pasado, la jueza federal Dolly Gee dictaminó que el gobierno de Estados Unidos no debía continuar deteniendo a menores de edad mientras estos esperan sus casos de asilo con sus madres o padres durante más de 21 días y ordenó su liberación antes de octubre, con “extraordinarias excepciones”.

“Al principio no liberaban a nadie, tenían detenidas a estas madres indefinidamente, sin acceso a fianzas”, dijo Schey. “A raíz de la orden de la jueza Gee, comenzaron a salir, el promedio de detención pasó de varios meses a unos 10 días. Nuestro objetivo es que las liberen y les den abogados”.

Schey indica que “aún hay mucho por hacer”, ya que ha pedido al tribunal que refuerza la aplicación de los derechos Flores y que nombre a un monitor externo que vigile las acciones del gobierno. 

Para el abogado, lo que el gobierno de Obama ha hecho con los niños y madres centroamericanas “es una vergüenza”.

“Se han dedicado a usar el miedo contra estas personas vulnerables, es un gobierno supuestamente progresista que tiene un punto ciego con este tema, aman a las familias excepto a las madres y niños refugiados, es una verdadera vergüenza”, se lamenta Schey.

El abogado también es fundador de CASA LIBRE, un refugio para niños migrantes en Los Angeles.