Editorial: El poder de deportar

El poder que se da a los agentes de inmigración es el gran problema.
Editorial: El poder de deportar
Foto: John Moore / Getty Images

La implementación de la orden ejecutiva sobre inmigración del presidente Donald Trump será un golpe duro para los indocumentados. Se dice que apunta a los individuos peligrosos, pero las guías muestran que la red está diseñada para atrapar a más personas.

Las directivas del Departamento de Seguridad Nacional limitan el acceso a los tribunales migratorios, convierten en un delito grave que los oadres de un menor le paguen a un coyote para traer un hijo y restaura el programa 287(g) que convierte a las fuerzas policiales que se unen a él en agentes de inmigración, entre otras medidas.

Para efectos prácticos de deportación es lo mismo el convicto de un delito, que un acusado de haber cometido un delito cuyo caso todavía no fue resuelto y una persona que cometió actos que constituyen un delito, del que puede ser acusado.

En la misma situación está cualquier indocumentado que no le caiga bien a un agente de inmigración. El oficial solo debe creer que el individuo puede llegar a ser algún día una amenaza a la seguridad pública.

Aquí no se discutirá la precisión del juicio del agente, el propósito de la guía es liberarlos de supuestas ataduras del gobierno de Obama
que les impedían hacer su trabajo.

El poder que se da a los agentes de inmigración es el gran problema. Las guías confían en el criterio de los oficiales de la Agencia para el Control de Inmigración (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, cuando existen numerosos casos de excesos contra los inmigrantes.

En las redadas pasadas, ICE arrestó sin motivo un 25% de individuos que no estaban incluidos en las prioridades de detención.

Las normas promueven la idea equivocada de que los indocumentados son una amenaza general pública. El establecimiento de una oficina especialmente destinada a las víctimas de los delitos de estos inmigrantes busca perdurar esta imagen.

Seguro que hay indocumentados que son  delincuentes peligrosos y que merecen ser deportados. Las guías van más allá de una minoría de individuos. Su contenido inapropiado y una peor instrumentación, son una amenaza a millones de trabajadores honestos y sus familias.

Las normas atentan contra la seguridad que dicen buscar, al asustar a un sector de la población que temerá denunciar delitos por temor a ser deportados. También perjudican a la economía porque habrá empleos necesarios que quedarán vacantes. El perjuicio es para los indocumentados y Estados Unidos.