Gobierno le quita ciudadanía de EEUU por estafar a indocumentados
La mujer recibió unos $40,000 a cambio de papeles que nunca entregó
Cuando Araceli Martínez, 53 años, fue preguntada bajo juramento por un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) si alguna vez había cometido un crimen por el cual no había sido arrestada, sin dudarlo, respondió que no. Por lo que USCIS aprobó su solicitud de ciudadanía, y desde abril de 2012 se convirtió en ciudadana estadounidense.
No obstante, Martínez mentía. De acuerdo con el Departamento de Justicia, que hace una semana ordenó la retirada de su certificado de naturalización, Martínez se había hecho pasar durante casi un año por un agente de inmigración con el fin de lucrarse a costa de otros inmigrantes, a quienes prometía ayudarles a conseguir un estatus legal.
Martínez mantuvo este fraude desde junio de 2011 hasta marzo de 2012, según los fiscales, tiempo durante el cual consiguió engañar alrededor de una docena de personas inmigrantes, que le pagaron entre $4,000 y $6,000 cada uno sin entregarles a cambio ningún documento.
El juez federal de distrito R. Gary Klausner, del distrito central de California, entregó la orden el pasado 21 de agosto, después de una demanda exitosa por parte de los fiscales de la división civil del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y de los abogados de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Esta orden envía un mensaje claro a las personas que cometen fraude durante el proceso de naturalización. Nosotros les investigaremos y buscaremos para asegurar que se hace justicia”, dijo Thomas Homan, director de ICE en un comunicado, quien amenazó con delatar “especialmente” a aquellos que se hagan pasar por “funcionarios del gobierno”.
En junio de 2012, Martínez fue finalmente arrestada por la oficina del sheriff de Los Ángeles cuando se disponía a volar rumbo a México, con su hija de 15 años, desde el aeropuerto de LAX. En el juicio fue declarada culpable de 11 cargos de fraude y sentenciada a 32 meses de prisión, bajo una fianza de $335,000 dólares.
Bajo la ley de inmigración de los EEUU, una persona que da un testimonio falso con el propósito de obtener un beneficio de inmigración no cumple con el estándar de “buen carácter moral” requerido para obtener la ciudadanía.
“Vamos a perseguir agresivamente la desnaturalización de las personas que mienten en sus solicitudes de naturalización”, concluyó el fiscal adjunto Chad A. Readler, de la división civil del Departamento de Justicia.