Editorial: La decisión contra la SB4 de Texas

El 'detainer' es un invento que no tiene asidero en ninguna ley

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Editorial: La decisión contra la SB4 de Texas
El debate sobre inmigración está políticamente distorsionado.
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinión

La Constitución es la ganadora en la decisión del juez federal Orlando García que eliminó los aspectos más controversiales de la ley SB4 de Texas que castiga a las llamadas ciudades santuarios.

El fallo del magistrado no es novedoso.

A lo largo de la nación varios tribunales determinaron que la detención de una persona por la autoridades, por más tiempo que el establecido en la ley y sin orden de un juez, es una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Más claro, echarle agua.

Sin embargo, no lo es para los políticos que utilizan a los inmigrantes indocumentados como chivo expiatorio. En este caso, acusándolos de ser una amenaza a la seguridad pública. Culpando a una gran mayoría por la mala conducta de unos pocos.

La legislatura y el gobernador republicano, Greg Abbott, promulgaron hace unos meses la ley que autoriza a las autoridades policiales a pedir documentos y detener a quienes no los tengan. También castiga a los jefes de los departamentos de gobiernos locales y funcionarios electos -con multas y cárcel- si no colaboran con las peticiones de retener, “detainer”, a un individuo por no tener papeles.

El “detainer” es un proceso inventado que no tiene asidero en ninguna ley. Ahora se convirtió en el elemento básico para definir a una ciudad santuario.

Se estableció arbitrariamente que un departamento de policía de una localidad tiene que mantener detenido a un indocumentado por 48 horas para que las autoridades federales de migración (ICE) decidan su futuro.

La ley solamente dice que las autoridades locales no pueden impedir la comunicación con ICE, pero no están obligados a hacerla y muchos menos a recibir órdenes federales.

Por eso, el juez García solo permitió que se pueda pedir papeles -no detener-, dar esa información a ICE y nada más.

Es lógico que tampoco se pueda castigar a los funcionarios locales que desobedecen una orden ilegal.

El debate sobre inmigración está políticamente distorsionado.

Los legisladores que proponen medidas como la de Texas están dispuestos a enfrentarse a los departamentos policiales locales para decirles cómo hacer su labor de seguridad pública.

Los republicanos usualmente respaldan las decisiones locales y a los departamentos de policía. Los escuchan y siguen sus consejos en todo, menos en inmigración.

Estos políticos hacen oídos sordos cuando los jefes de policía dicen necesitar de la colaboración y confianza de la comunidad inmigrante para hacer su trabajo. Miran para otro lado, cuando se les explica que convertirlos en agentes de inmigración pone en peligro la seguridad pública.

El fervor antiinmigrante parece nublar hasta las propias convicciones. Por suerte, tal como ocurrió en Texas, los tribunales son los que llaman a la realidad.