VIDEOS: Ejército Zapatista echa de su pueblo a mujer con nueve hijos en Chiapas

MÉXICO – Amalia y su familia vivían en el poblado Miguel Hidalgo, en Chiapas, que forma parte del territorio autónomo indígena que conquistó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Tenían una casa, terrenos de siembra, 16 gallinas y dos docenas de tablas de madera hasta junio pasado, cuando la comandancia local los desplazó por la fuerza.

“Dijeron que nos iban a matar”, cuenta la mujer cuyo nombre ficticio se aplica por seguridad en un video divulgado este viernes por el Observatorio Mexicano de Derechos Humanos (OMDH) en una conferencia de prensa.

Carlos Treviño, integrante de la organización, dijo que hasta el momento se desconocen las razones por las cuales la familia de Amalia (integrada por la pareja, nueve hijos de entre tres y 20 años y dos nietos) fue expulsada de la comunidad enclavada en la zona de la etnia Tzeltal en el estado de Chiapas.

Desde el levantamiento zapatista que exigió autonomía de gobierno para los pueblos indígenas (y quitó autoridad a los gobiernos federal y estatal) se calcula que existen alrededor de 30,ooo desplazados por conflictos étnicos, políticos, religiosos, económicos y sociales.

Un grupo de activistas del  OMDH viajó el 3 de julio a Miguel Hidalgo para intentar dialogar en apoyo a Amalia pero fue imposible. Las autoridades zapatistas –electas bajo sus propios usos y costumbres- los echaron y  les quitaron su equipo de comunicación acusándolos de ser “gente del gobierno”.

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No es la primera vez que autoridades autónomas tanto en Chiapas como en el resto del país son acusados de prácticas antidemocráticas (no permiten la participación de mujeres, entre otras cosas); autoritarias (pueden expulsar a la gente de sus casas sólo porque la mayoría en una asamblea  lo vota); violadoras de derechos humanos (la práctica del destierro es algo común) y de poco transparentes.

Treviño contraargumenta que su experiencia con los zapatistas no era así y cree que algo extraordinario está pasando. “Cualquier sistema mínimamente democrático debe estar abierto al escrutinio de la sociedad civil”, destacó.

Por ello, el OMDH solicitó al EZLN permitir el regreso de Amalia, de 38 años, y su familia y permitirle retornar a la normalidad sin agresiones; cesar las amenazas y hostigamiento; regresar el equipo de trabajo confiscado y abrir canales de diálogo.

De acuerdo con la ley zapatista el sistema de justicia de El Caracol debería explicar y enjuiciar a la familia de Amalia de manera abierta, pero no ha sido así.

En su testimonio videograbado, Amalia denunció que durante los primeros días de la expulsión dejó a  dos de sus hijos para cuidar la casa, pero pronto llegaron pobladores del lugar para robarse todo lo que tenían e intimidar a la familia para que no regrese más, ni siquiera para sembrar sus terrenos y alimentarse

“Yo quiero defender mis tierras”, dijo en un español básico.

La familia no quiere vender sus propiedades pero la autoridad zapatista quiere indemnizarla, comenta. Pero es que ni siquiera le dicen quién se las pagará o a quién se le quedarán.

Eva García, del Colectivo de Mujeres contra la Violencia lamentó la contradicción en la que, por este caso, está incurriendo el EZLN. “Prometieron servir y no servirse, obedecer y no mandar, proponer y no imponer”.