La última súplica en el Congreso por este vital programa migratorio
Miles de inmigrantes, la mayoría centroamericanos están en la cuerda floja
Crédito: Pete Marovich | Getty Images
Corre el reloj y más de 250,000 inmigrantes centroamericanos temen lo peor ante el silencio del gobierno federal sobre su status migratorio.
Por esta razón un grupo de 23 senadores demócratas pidió hoy al Gobierno de Donald Trump que prorrogue el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de Honduras y El Salvador que viven en territorio estadounidense y cuyo permiso expira en enero y marzo, respectivamente.
El grupo de senadores formuló su petición en una carta, hecha pública hoy y enviada al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke.
En su misiva, los senadores defendieron las “valiosas contribuciones” que los beneficiarios del TPS hacen a la economía de Estados Unidos, país en el que muchos salvadoreños y hondureños llevan viviendo durante casi dos décadas y en el que han tenido hijos y abierto negocios.
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Según los legisladores, el 81% de los salvadoreños mayores de 16 años tiene trabajo en Estados Unidos, una cifra de ocupación que se eleva al 85% en el caso de los hondureños.
Los beneficiarios del TPS, además, aportan 648 millones de dólares de manera anual al sistema de Seguridad Social, que agrupa varios programas sociales, y al “Medicare”, un programa de cobertura sanitaria destinado a las personas mayores de 65 años, según afirman los senadores en su carta.
En una rueda de prensa en Washington, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Dave Lapan, indicó que el Gobierno tomará una decisión a principios de noviembre sobre el TPS para los nacionales de Nicaragua y Honduras, cuyo permiso expira el 5 de enero en ambos casos.
En el caso de El Salvador, el otro país de Centroamérica con TPS, el permiso expira el próximo 9 de marzo, por lo que hasta principios de enero no se producirá una decisión sobre ese amparo migratorio, que EEUU concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
