Tepesiana: “no me voy”. Gobierno: “no perseguiremos expresamente a los que pierdan TPS”

Belinda Osorio, hondureña con 26 años en este país y beneficiaria de TPS desde hace 19 dice que no se va, no importa lo que el gobierno de Donald Trump decida dentro de seis meses, cuando reconsidere el asunto. La razón: su hijo de 14 años.

“Yo no voy a llevar a mi hijo a un país donde sería objetivo de las pandillas, no voy a llevar a mi familia a ese país”, dijo Osorio, quien trabaja en Walt Disney World en Orlando, Florida como doméstica y tiene dos hijos ciudadanos. “Este es mi país, y no me voy a rendir”.

Osorio aún tiene alguna esperanza, luego que el gobierno de Donald Trump anunciara el lunes que extiende por seis meses adicionales el TPS para hondureños y que aún no ha tomado una decisión sobre el destino del programa para nacionales de ese país.

La esperanza es que haya otra extensión o que el Congreso pueda proteger a sus connacionales y a más de 200,000 salvadoreños, decenas de miles de Haitianos y varios miles de Nicaragüenses con largo tiempo en este país con una nueva ley.

“Ojalá que hagan algo permanente”, dijo la trabajadora y activista, que también es dueña de vivienda y se considera parte integral de los Estados Unidos.

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Entretanto, portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)    dijeron que los grupos que pierdan TPS “no serán perseguidos especialmente” y que la Agencia de Inmigración y Ciudadanía  (USCIS) que maneja el programa “no hace expresamente entrega de los datos de esas personas a la Agencia de Inmigración y Aduanas o ICE”.

“Nuestra prioridad sigue siendo arrestar a los extranjeros criminales”, dijo el funcionario de DHS. “No obstante cualquier persona no autorizada para estar en este país puede ser arrestada”.

Agregó el funcionario que los beneficiarios de TPS no son la típica prioridad de deportación, ya que para permanecer en el programa es preciso tener un record limpio lo que no los convierte en prioridad para ICE.

Los “tepesianos” que pierdan su estatus “vuelven al estatus que tenían antes de tener TPS”, dijo Royce Murray, directora de políticas del American Immigration Council. “La mala noticia es que si antes del TPS tenían una orden abierta de deportación, esta pasa a ser prioridad después del final del TPS”.

Según los cálculos del gobierno y de estudiosos del tema, más de 300,000 centroamericanos y haitianos tienen TPS y el gobierno de Trump deberá anunciar su decisión en torno a El Salvador el próximo mes de enero.

Ayuda legal

Abogados de inmigración indicaron que los beneficiarios del TPS deben “moverse ya” y buscar ayuda.

En Los Ángeles, la abogada Meredith Brown dijo que está trabajando a todo vapor para atender a personas con TPS que viven en California, Arizona, Alaska o Hawaii ya que un caso denominado Ramírez vs Brown podría facilitar su ajuste a residencia.

En dicho caso, se determinó que el TPS cuenta como una entrada legal al país y que si tienen un familiar directo -cónyuge o hijos de 21 años  o mayores con ciudadanía, podrían ajustar su estatus sin tener que salir del país o pedir un perdón o waiver.

Para estas personas y quienes viven en otros estados, Brown recomendó que vayan de inmediato a un abogado de inmigración a evaluar su caso.

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“Está claro que esta administración está haciendo lo posible por expulsar a la mayor cantidad de gente”, dijo Brown. “Y por eso creo que los inmigrantes con TPS deben moverse ya, y explorar otras opciones”.

Viajar con “advanced parole” fuera del país tan pronto sea posible y regresar legalmente puede ser una opción viable agregó.

Las leyes existentes todavía pueden dar opciones a estos inmigrantes ya que el futuro de TPS está en la cuerda floja y a punto de caer, dijo la abogada.