Editorial: La compra y venta de armas
Se necesitan medidas más sólidas para proteger al público en general
Inmigrantes indocumentados no pueden poseer armas de fuego. (Archivo) Crédito: Getty Images
La liquidación del Viernes Negro marcó un nuevo récord en la venta de más de 200,000 armas de fuego. El sistema de averiguación de antecedentes por el que pasa el nombre de cada comprador estuvo muy atareado. Lástima que no sirva mucho para proteger al público.
Esto no quiere decir que sea inservible el Sistema Nacional Instantáneo de Averiguación de Antecedentes (NICS). A lo largo de los años impidió que una gran cantidad de gente compre armas, también falló en detectar a un buen número de personas con un resultado fatal.
El último de estos fue la masacre reciente en una iglesia de Texas. Allí un individuo expulsado de las Fuerzas Armadas por agredir a su esposa e hijastro compró las armas usadas en el crimen, cuando no se le debería haber podido vender. Su nombre nunca entró en el registro del NICS.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, pidió al FBI y al Buró para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) que revise el NICS para darle recomendaciones de cómo mejorarlo.
Esta es una medida que muestra una reacción ante la matanza de Texas, garantizando básicamente que todo siga igual.
El NICS tiene problemas serios.
El sistema está compuesto por tres bases de datos en donde las entidades locales, estatales, federales y tribales contribuyen voluntariamente información. Estas entidades son las responsables del contenido y de su veracidad.
La falta de información es producto del desinterés, de la falta de fondos para agencias policiales y la ausencia de una guía de procedimiento.
El NICS fue creado en 1998 adrede como un sistema débil, gracias a la influencia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA). La poderosa organización se opone a una efectiva averiguación de antecedentes.
Una respuesta mejor es la Ley para Arreglar el NCIS (Fix NICS Act) de los senador John Cornyn y Chris Murphy. La propuesta penaliza a las agencias federales que no reportan su información y estimula a los Estados a que envíen los datos de las personas convictas.
Lo correcto es que sea obligatorio para todos, desde el gobierno local al federal, reportar los nombres de los infractores de los 11 delitos que, según el FBI, inhabilitan a una persona a tener armas de fuego.
La acción de Sessions es tan inútil como la de revisar las normas internas sobre las culatas que convierten un rifle en automático, que se decidió después de la masacre en Las Vegas. El viernes pasado el fabricante de estas culatas, Slide Fire, tuvo una venta especial de esta parte del rifle de asalto.
Las leyes laxas que rigen las armas de fuego ya de por sí son una amenaza a la seguridad pública. Lo menos que se puede exigir es que haya una vigilancia sólida de quienes las compran durante la venta.
