Líderes evangélicos conservadores urgen al DHS extender el TPS para los salvadoreños  

WASHINGTON—Líderes evangélicos conservadores urgieron este jueves a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 200,000 salvadoreños cuando anuncie su decisión el lunes próximo, para dar tiempo a que el Congreso reforme el programa.

En una carta enviada hoy, líderes de la llamada “Mesa Evangélica sobre Inmigración” (“Evangelical Immigration Table”) indicaron que si bien es necesario reformar el programa de alivio migratorio instituido por el Congreso en 1990, ese proceso requerirá tiempo, y una extensión del TPS evitará la separación de familias.

La misiva fue enviada a cuatro días de que Nielsen, tras una serie de consultas, anuncie su decisión respecto al “TPS”, que en la actualidad protege de la deportación y otorga permisos de trabajo a unos 195,000 salvadoreños amparados al programa.

“Nuestra preocupación se guía por nuestra fe cristiana y nuestro compromiso con las Escrituras, que tratan clara y frecuentemente sobre la preocupación de Dios por aquellos que son vulnerables, incluyendo específicamente a los inmigrantes y los pobres”,  indicó la carta.

El fin del TPS para los salvadoreños, sin una solución legislativa permanente por parte del Congreso, no sólo provocará la separación de familias salvadoreñas en EEUU sino que afectará a El Salvador, que afronta serios problemas de violencia y pobreza y no podría absorber e integrar a una extensa ola de deportados, advirtieron los religiosos.

El Congreso estableció el TPS en 1990 para ayudar a los inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países debido a desastres naturales, conflictos civiles u otras circunstancias extraordinarias.

En la actualidad, unos 320,000 inmigrantes de diez países están incluidos en el programa, que han gozado de numerosas prórrogas a través de los años. La Administración Trump ha comenzado a desmantelarlo, por considerar que las condiciones sobre el terreno en ciertos países ya no justifican una extensión.

Aunque los salvadoreños indocumentados recibieron el TPS a raíz de sendos terremotos en 2001, en los últimos años El Salvador compite con Honduras por el mayor número de homicidios de cualquier lugar en el mundo, además de que sufre un alto nivel de desempleo y subempleo, argumentaron los líderes evangélicos.

“La súbita reinserción de residentes que han vivido en el exterior durante muchos años, perjudicará a los más pobres” en un país que no está listo para acogerlos, señalaron.

La coalición también se hizo eco de los argumentos del gobierno salvadoreño y diversos grupos cívicos al destacar las contribuciones de los “tepesianos” salvadoreños a la economía nacional, incluyendo los $4.800 millones en puestos a los programas de “Medicare” y el Seguro Social en la última década, además de que forman parte de la fuerza laboral en sectores críticos para la economía.

Aunque el gobierno salvadoreño llevó a cabo una intensa campaña de persuasión ante la Administración Trump a lo largo de 2017 –el canciller Hugo Martínez ofreció numerosas entrevistas a este diario en cada visita a Washington-, también ha iniciado negociaciones internas para implementar un programa de alivios fiscales y de reinserción de los eventuales retornados.

Ayer mismo, un grupo bipartidista de 19 alcaldes y líderes locales, bajo el paraguas de “Cities in Action”, también  urgió la renovación del TPS para los salvadoreños, concentrados en estados como California, Texas, y Florida.

La Conferencia de Obispos Católicos de EEUU (USCCB) también ha pedido una prórroga del TPS, al destacar también que la eventual deportación de los salvadoreños afectará también a los 192,000 niños nacidos en EEUU de estos inmigrantes.

Líderes de otros grupos cívicos, religiosos y sindicalistas también urgieron en  una conferencia telefónica que el DHS extienda el TPS por al menos 18 meses, mientras el Congreso resuelve la situación con una legislación permanente, porque regresarlos a El Salvador a un ambiente de violencia, pandillas y extorsiones, no es una opción humana o moral.

Los activistas señalaron, como lo han hecho otros, que los “tepesianos” salvadoreños han echado raíces en EEUU, tienen hipotecas, contribuyen a la economía, asisten a las universidades, y tienen hijos nacidos en este país.

La salvadoreña Karla Alvarado llegó a EEUU hace 20 años, a los 9 años de edad, fue la primera en ir a la universidad en su familia y ahora trabaja como supervisora de enfermería en Filadelfia (Pensilvania).

Eliminar el TPS sería “privarme de mi libertad y sentido de seguridad”, por lo que la Administración debe “hacer la decisión correcta y permitirnos quedarnos acá, que es nuestra casa”, dijo Alvarado.

Preguntado sobre las opciones legales que tienen los “tepesianos”, Jaime Contreras, vicepresidente del sindicato 32BJ SEIU, precisó que hay pocas opciones, porque aún si las empresas quisieran patrocinarlos para una “tarjeta verde”, el proceso es “extremadamente complicado” y, en todo caso, sólo beneficiaría a unos pocos.

La respuesta, según los activistas, es que el Congreso someta a voto cualquiera de las medidas bipartidistas que les ofrecen la legalización permanente.

Por ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene que anunciar su decisión 60 días antes de que los permisos del TPS se venzan, que en el caso de los salvadoreños es el próximo 9 de marzo.

El DHS ya anunció el desmantelamiento del TPS para los haitianos y nicaragüenses, y emitirá una decisión final sobre los hondureños en julio próximo.