California aclara a sus industrias y empleadores cómo debe actuar cuando llegan agentes de ICE

El procurador Xavier Becerra y el Comisionado del Trabajo de California clarificaron hoy la implementación de la ley (AB-450), que implica castigos económicos para a empleadores que permitan voluntariamente el acceso de agentes de ICE a zonas no públicas de un centro de trabajo sin que estos presenten una orden judicial.

El procurador dijo este martes que su oficina ha estado reuniéndose y comunicándose con industrias a lo largo y ancho del estado para resolver sus interrogantes sobre la medida, que entró en vigencia el 1 de enero pasado.

“Muchas de las industrias pidieron información y se han reunido con nosotros para aprender sobre esta nueva ley”, dijo Becerra este martes. “Hemos tenido la cooperación de muchos grupos para darles la información que necesitan”.

La procuraduría publico un “advisory” y una extensa lista de “preguntas y respuestas” en su página web que explica cómo se aplicará esta medida y cuáles son los derechos y obligaciones de los empleadores.

“Queremos que hagan lo correcto pero para eso tienen que saber claramente qué es lo correcto”, apuntó Becerra.

La ley AB 450 fue patrocinada por el asambleísta de San Francisco David Chiu, quien junto con Becerra sostuvo este martes una rueda de prensa para clarificar la aplicación de la ley.

Dijo Chiu que lo que motivó su propuesta de ley fue “la historia de ICE y antes del INS” y las amenazas actuales del gobierno de Trump de intensificar las redadas en centros de trabajo que no habían sido tan comunes en los años del gobierno de Obama.

“Sabemos que ICE ha entrado a la fuerza en centros de trabajo, entrando a las zonas privadas de las empresas y aquí no creemos que un empleador deba facilitar allanamientos que son potencialmente inconstitucionales”, dijo Chiu.

Según el “advisory” del procurador, los empleadores de California:

Tendrán prohibido aceptar voluntariamente la entrada de un agente de inmigración a las áreas privadas de un centro de trabajo, a menos que el mismo tenga una orden firmada por un juez.

Tendrán prohibido aceptar que un agente migratorio tenga acceso, revise o vea los archivos del empleador sobre sus empleados, a menos que presente una orden federal. Puede, sin embargo, revisar los formularios I-9 de elegibilidad de empleo siempre que presente una “notificación de inspección”.

Tendrá prohibido volver a verificar la elegibilidad de un trabajador actual.

Además, se REQUIERE a los empleadores que avisen a sus empleados sobre las inspecciones que realice o vaya a realizar una agencia federal migratoria, colocando avisos escritos  en el idioma de uso común del empleado que explique: qué agencia realizará la inspección, el tipo de inspección que se llevará a cabo y cuando se notificó al empleador.

También requiere que, antes de 72 horas después de una inspección, el empleador dé a sus trabajadores una copia del resultado de la misma con detalles sobre lo que el empleado debe hacer.

Aquí hay una serie de preguntas y respuesta en inglés que se refieren a esta nueva ley, que resultaría en multas a los empresarios si no cumplen con la misma.

El asambleísta Chiu dijo que el estado no puede impedir a ICE que haga su trabajo, pero que sí puede verificar que lo hagan legalmente.

Durante el proceso legislativo, grupos de negocios objetaron a la medida y Chiu aceptó realizar varios cambios al lenguaje de la misma. “Las redadas pueden perjudicar mucho a las compañías y a los negocios de agricultura, construcción y otros”, dijo el asambleísta. “Es importante que los empleadores sepan sus derechos y responsabilidades”.