Juez de Maryland defiende la cancelación de DACA

El fallo del juez no cambia los dictámenes anteriores para la renovación de permisos bajo DACA
Juez de Maryland defiende la cancelación de DACA
El futuro de DACA está en manos de las cortes y el de los Dreamers, en las de los políticos. (Foto: archivo)
Foto: Ethan Miller/Getty Images

WASHINGTON—Un juez federal en Maryland defendió este lunes la legalidad del desmantelamiento de DACA en septiembre pasado, dando fuerza a los argumentos de Casa Blanca pero sin afectar la reactivación del programa para la renovación de permisos.

El juez Roger W. Titus, designado por el entonces presidente George W. Bush, explicó en su fallo de 30 páginas que la Administración Trump tuvo autoridad legal para cancelar el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que dio cobijo a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados, y que el Congreso es el único que puede cambiar las leyes migratorias.

“Debido a la creencia razonable de que DACA fue ilegal, la decisión de desfasarlo de forma ordenada fue racional” y el anuncio del presidente Donald Trump dio al Congreso seis meses para corregir la situación, dijo Titus.

El juez consideró que los comentarios de Trump contra la población indocumentada son irrelevantes a los asuntos relacionados con el desmantelamiento de DACA, pero expresó confianza en que el Congreso pueda alcanzar un acuerdo consensuado con la Casa Blanca.

Sin embargo, el fallo no cambia en absoluto sendos fallos judiciales en San Francisco (California) y Brooklyn (Nueva York), de los jueces William Alsup y Nicholas Garaufis, respectivamente, que obligaron a la Administración Trump a reactivar el programa pero solo para la renovación de permisos de los jóvenes ya inscritos.

Esos fallos se mantendrán en pie mientras el litigio por DACA se resuelve en los tribunales, aunque no se espera una decisión antes del verano, y cada bando tendrán la opción de apelar hasta el Tribunal Supremo.

Por otra parte, el juez también insistió en que la Administración no puede utilizar la información personal de los Dreamers en su contra para expulsarlos del país, y si lo intenta tendrá que solicitar una orden judicial para cada caso individual.

El fallo de Titus responde a una demanda entablada en Maryland y es una victoria legal para la Administración, porque el juez también criticó los fallos judiciales que bloquearon la eliminación de DACA como una indebida intromisión política de las cortes.

El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O´Malley, dijo en una declaración escrita que el fallo es una “buena noticia” porque respalda el argumento de la Administración de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó dentro de su autoridad legal y su “discreción procesal” para desmantelar DACA.

O´Malley señaló que el fallo de Titus destaca un “serio problema” con el creciente uso de órdenes judiciales a nivel nacional, como ocurrió en San Francisco y Brooklyn, que dejan sin efecto el dictamen de la corte en Maryland.

“Pese a estos obstáculos, el Departamento de Justicia continuará defendiendo la promoción y cumplimiento del imperio de la ley, que es tan vital para proteger una nación, sus fronteras, y sus ciudadanos”, puntualizó O´Malley.

El plazo que impuso Trump para que el Congreso aprobase una ley que codificara las protecciones de DACA pasó sin pena ni gloria este lunes, aunque el mandatario nuevamente culpó sólo a los demócratas del estancamiento en las negociaciones.

Trump rechazó las propuestas bipartidistas para corregir DACA e insistió en su propio plan migratorio, que también fue rechazado por el Senado el mes pasado.

Según datos actualizados de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), para el pasado 31 de enero, unos 683,000 jóvenes indocumentados tenían protección bajo DACA.

Grupos defensores de los inmigrantes continuarán su campaña de presión para que el Congreso legalice a los Dreamers, al subrayar que la reactivación de DACA solo aplica para casos ya en el sistema, persiste un caos y demoras en los trámites para la renovación de permisos, y no hay garantías de que los jóvenes indocumentados no estarán en la mira de las autoridades de Inmigración.