Decisión del tribunal perjudica a propietarios de viviendas

Millones de californianos viven hoy en casas “etiquetadas” como molestia pública, según una reciente decisión judicial. Esa decisión –impulsada por abogados litigantes de otros Estados que esperan ganar decenas de millones en honorarios de los contribuyentes– cambió drásticamente las leyes de vivienda de California, y los propietarios ahora se ven forzados a afrontar las consecuencias.

Básicamente, el tribunal resolvió que la pintura con plomo en el interior de las casas es dañino para el público, aún cuando esa pintura esté intacta. Dado que se cree que las casas construidas antes de 1981 contienen cierta cantidad de pintura con plomo, el tribunal declaró que todas esas viviendas son molestia pública, lo que acarrea consecuencias para sus propietarios –valores inmobiliarios más bajos, multas, e incluso procesos penales.

Para quitarse la clasificación de molestia pública, los propietarios deben aceptar inspecciones del gobierno y sanear esa molestia –y podrán verse forzados a desalojar sus viviendas hasta tanto no se sanee por completo. Y lo que es más, las direcciones de esos propietarios se ingresarán en una base de datos pública: una violación a la privacidad sin precedentes.

La decisión sí proporciona fondos limitados para que algunos propietarios retiren parte de la pintura con plomo, pero únicamente a un grupo selecto de californianos: aquellos con casas construidas antes de 1951, y solamente en las 10 comunidades que participaron en el juicio, que comprenden los condados de Santa Clara, Alameda, Los Angeles, Monterey, la ciudad y condado de San Francisco, la ciudad de Oakland, la ciudad de San Diego, y los condados de San Mateo, Solano, y Ventura.

Millones de californianos quedarán en una situación vulnerable. Las viviendas construidas entre 1951 y 1981 en las 10 jurisdicciones enmarcadas por la decisión judicial ahora están categorizadas como molestia pública, pero los propietarios de esas viviendas quedaron sin los fondos necesarios para arreglar el problema. Lo más probable es que muchas de las viviendas construidas antes de 1951 en esas mismas comunidades –también destinadas como molestia pública–recibirán fondos pero de manera limitada únicamente. Y aún peor, los propietarios de aquellas viviendas construidas antes de 1981, en todo el Estado de California, y categorizadas como molestia pública, terminarán siendo los únicos responsables de limpiar el desastre creado por los abogados litigantes.

Los propietarios más vulnerables del Estado –como las familias de bajos ingresos que apenas pueden sobrevivir–serán los que probablemente cargarán la mayor carga. Las familias que ya se encuentran luchando por sobrevivir se enfrentarán con otros gastos por reparaciones, y con valores inmobiliarios más bajos, lo cual forzaría a algunos a directamente abandonar sus viviendas.

Estos drásticos impactos han impulsado a las Cámaras de Comercio Hispanas de California a oponerse públicamente ante esta peligrosa decisión judicial. Nuestro gobierno ya cuenta con leyes de larga data estudiadas y analizadas atentamente en lo relativo a los riesgos de pintura con plomo en las viviendas, como el exitoso Programa de Prevención de la Intoxicación por Plomo en Niños, financiado con tasas que se cobran a los fabricantes de gasolina y pintura con plomo. Pero el tribunal desestimó este hecho, y eligió en su lugar socavar la ley estatal existente y agravar la situación.

Un grupo de abogados litigantes de otros Estados no debería enriquecerse a expensas de los propietarios de California cumplidores. Es por esto que nuestra organización se ha unido a una coalición de compañías, defensores de inmuebles y de propietarios para oponerse a esa decisión judicial. Estamos entre grupos como la Cámara de Comercio de California, la Federación Nacional de Propietarios de Pequeños Negocios, y la Organización Nacional de Afroamericanos para Vivienda, que han rechazado públicamente esta desastrosa decisión. No podemos permitir que el tribunal ignore la ley de vivienda estatal actual adoptada por la Legislatura de California, la que representa a su pueblo. Los propietarios de California necesitan una solución.