Juicio internacional polemiza papel de militares mexicanos en lucha antidrogas
La PGR contabiliza 172 casos por desaparición forzada con probable responsabilidad de la Marina, el Ejército o corporaciones policíacas desde 2015
Ejército mexicano. EFE/Archivo Crédito: EFE
MEXICO.- “Ahorita regreso’’, dijo Nitza Paola Alvarado Espinoza a su hija cuando un comando de al menos 10 presuntos militares ingresó a su casa y sacó a la madre por la fuerza en el Ejido Benito Juárez, Chihuahua, donde desapareció aquel 29 de diciembre de 2009 sin que hasta la fecha se sepa su destino o paradero.
La desaparición de Nitza Paola junto con sus primos José Ángel Alvarado y Rocio Irene Alvarado Reyes forma parte del primer juicio internacional contra México en el contexto de la lucha contra el crimen organizado que se lleva a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El expediente ingresó oficialmente el 9 de marzo de 2016 y desde entonces ya hubo descargas de pruebas y notificaciones a implicados y víctimas así como contestaciones. En este momento está pendiente la audiencia publica, alegatos y observaciones finales.
“El tribunal podría determinar en base a su autoridad oficial que el gobierno mexicano es culpable de participar en violaciones a los derechos humanos, dijo Lucha Castro, la abogada de la familia fundadora del Centro para los Derechos Humanos de la Mujer, la organización que empujó el caso que se suma a los más de 120,000 muertos del presente sexenio.
El Estado Mexicano argumenta -a través de diversas dependencias- que los señalamientos sobre los abusos de las Fuerzas Armadas son desproporcionados.
La Procuraduría General de la República (PGR) contabiliza oficialmente 172 casos por desaparición forzada con probable responsabilidad de la Marina, el Ejército y corporaciones policíacas de septiembre de 2015 a la fecha, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que también en sus filas hay víctimas: tan sólo en el sexenio del presidente Enrique Peña suman 197 soldados desaparecidos.
Respecto al caso de los Alvarado, el gobierno solicitó en su momento declararlo inadmisible debido a que la investigación seguía un curso en el país donde es común que la delincuencia organizada se hagan pasar por militares para confundir al enemigo y, en el tiempo de la desaparición de los primos, había una lucha encarnizada entre el cartel de Juárez y Sinaloa en Chihuahua.
La CIDH rechazó los alegatos porque consideró que por el camino que seguía en el ministerio publico mexicano se sumaría a otro caso más de impunidad (que ronda el 98% nacional).
“Cuando los familiares acudieron a denunciar lo sucedido y a solicitar información, les respondieron que no tenían conocimiento de su detención ni de su paradero, y se activaron mecanismos de encubrimiento’’, detalló en un documento oficial de la corte.“Con base en lo anterior, la comisión calificó los hechos como desaparición forzada’’.
El papel del ejército en la guerra frontal a los carteles de la droga y líderes de todo tipo desde 2006 ha generado polémica entre organizaciones civiles y la sociedad civil que se debate entre dos opciones: regresar al cuartel a los soldados o apañárselas con policías menos capacitadas.
“El Ejército en las calles vendría a dejar en estado más critico y carente a policías locales que no se han modernizado’’, advirtió Javier Oliva, analista político de la Universidad Nacional Autónoma de México. “La cuestión ahora es ver dónde están los recursos destinados a la seguridad pública: es evidente que no llegan a quien le tienen que llegar, por lo que en veinte años no se ha avanzado lo suficiente en el sector de la seguridad’’.
