Cancelación de TPS confirma una “amenaza existencial” para los inmigrantes en EUU

La más reciente medida del gobierno de Trump indica que la única consideración que se toma en cuenta es el deseo de expulsar a la mayor cantidad de extranjeros posible, afirman activistas y expertos.
Cancelación de TPS confirma una “amenaza existencial” para los inmigrantes en EUU
Kirstjen Nielsen es la secretaria de DHS que fue impuesta por el jefe de gabinete John Kelly para perseguir a los inmigrantes
Foto: Win McNamee/Getty Images

Para tomar la decisión de cancelar el TPS a casi 60,000 hondureños, muchos de los cuales viven desde hace más de 20 años en este país, el gobierno de Estados Unidos consideró única y exclusivamente su agenda política e ignoró el espíritu que movió al Congreso estadounidense a crear este programa en 1990: salvar vidas.

Así lo señalaron varios líderes de la comunidad latina y de organizaciones de derechos humanos, así como líderes políticos, tras el anuncio de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dará sólo hasta enero de 2020 a los hondureños para regresar a su país.

Con ello, Estados Unidos condena a estos residentes de largo tiempo en Estados Unidos y a sus descendientes a volver a un país que expulsa a 6,000 personas cada año y que, de acuerdo a organismos internacionales como la CEPAL y las Naciones Unidas, está en una de las peores situaciones del continente.

“Si Honduras expulsa anualmente a tantas personas, ¿cómo puede estar preparado para recibir de regreso a 57 mil?”, dijo Patricia Montes, del Centro Presente en East Boston, Massachussets, apuntando que todos los indicadores demuestran que las condiciones de Honduras no están a la par para una cancelación del programa de protección.

Al tomar esta decisión, Estados Unidos también está en contradicción con lo que sus propios burócratas habían dicho respecto al TPS Hondureño. Según trascendió el pasado año, la directora interina de DHS Elaine Duke pensaba aprobar un nuevo TPS para este país el pasado noviembre al comprobar la gravedad de su situación.

John Kelly, el jefe de gabinete de Donald Trump y ex secretario de DHS intervino, llamándo a Duke desde fuera del país para presionarla, según reportó el Washington Post en su momento.

Ambas partes dijeron que esas conversaciones eran normales, pero poco después Duke dejó el cargo y el gobierno y fue nombrada una nueva secretaria, quien fuera mano derecha de Kelly en ese departamento anteriormente: Kirstjen Nielsen.

“Hubo una pelea”, dijo Frank Sharry, director Ejecutivo de America’s Voice Education Fund, una organización que cabildea por los inmigrantes en Washington D. C.. “Y se dio una extensión automática de seis meses. Entonces Kelly puso a Nielsen y le dijo lo que tenía que hacer para seguir la agenda de Trump. Eso es exactamente lo que pasó”.

Aunque el DHS y el presidente tienen la autoridad para tomar decisiones en torno al TPS, la ley y los reglamentos que establecieron este programa requieren que se examinen las condiciones del país de origen a la hora de extender o cancelar la protección a miles de personas de esos países que ahora viven en Estados Unidos.

Una “amenaza existencial” para los inmigrantes

La decisión se suma a muchas otras que ha tomado el gobierno de Trump en meses recientes, y presenta una “amenaza existencial” para los inmigrantes en los Estados Unidos, dijo un indignado Sharry.

“No se puede engañar a nadie, la lucha para defender a cientos de miles de personas es muy cuesta arriba”, dijo Sharry. “No puedo asegurar que todo va a estar bien, que vamos a lograr salvarlos , porque hace falta que, para ello, pasen una serie de cosas que no están nada claras”.

Con el caso de Honduras, ya son casi medio millón de personas afectadas por suspensiones al programa TPS. Esto incluye a unos 327,000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Liberia y Nepal, al igual que un estimado de 156,000 hijos nacidos en los Estados Unidos.

Si a eso se suman los 800,000 dreamers cuyo DACA pende de un hilo, y el aumento en arrestos y deportaciones, el gobierno de Donald Trump está  acercándose a un éxito rotundo que no ha tenido en otras áreas de lograr imponer su plataforma política.

“Esta gente no quiere que nadie se legalice, lo que quieren es que cientos de miles de personas se vayan. Es tan simple como eso, y el Congreso actual no va a hacer absolutamente nada para evitarlo”, dijo Sharry.

Los grupos pro inmigrantes en Washington ya comenzaron a trazar estrategias sobre el futuro inmediato, dijo el líder, pero nada va a cambiar a menos que cambie el Congreso y, probablemente, el propio presidente, dijeron.

“Lo mejor que podemos esperar es que en noviembre logremos cambiar el Congreso y aprobar algún tipo de extensión para proteger a esta gente. No será fácil”, apuntó. “Vamos a luchar por ello, pero la gente realmente tiene que salir a votar, aunque no confíen mucho en los demócratas, es nuestra única opción.”

Pero si no es así y el Congreso y la Casa Blanca continúan en manos del partido republicano de Trump, será muy difícil evitar las deportaciones y auto deportaciones masivas, apuntó.

La falta de información en EEUU lleva a malas decisiones

Más gente que nunca está escapando Honduras, un país que ahora se ha establecido como el más pobre de América Latina, superando a Haití (según la CEPAL) y el más violento del hemisferio, según las Naciones Unidas, que reconoce la migración de ese país como una “crisis de refugiados”.

Estados  Unidos no reconoce esto, y sus ciudadanos están muy mal informados de lo que ha pasado y sigue pasando en este rincón del continente, dijo Montes, la activista de Boston.

” Es urgente que veamos este tema como un problema regional”, dijo Montes. “Y además, es esencial que México y los otros países de la región comiencen a actuar en beneficio de las comunidad migrantes en vez de tratar de evitar el flujo de migrantes”.

Desde que el aumento en el flujo de migrantes, particularmente mujeres y niños, comenzó con fuerza en 2014, Estados Unidos se ha negado a reconocer que este es un problema de violencia y seguridad, y no sólo económico, agregaron varios expertos.

“Sí, es cierto que las cosas ya no están como después del huracán”, dijo Oscar Chacón de Alianza América, otra organización que representa a centroamericanos. “Pero aparte de la pobreza, las pandillas y la violencia, tenemos un problema de que Estados Unidos ha aceptado golpes de estado y elecciones ilegales en Honduras, como si todo estuviera bien”.

El regreso de decenas de miles de nacionales que han vivido afuera por décadas y tiene poco a lo que regresar no hará sino empeorar las tensiones nacionales y regionales, agregó.