Corte Suprema de Georgia rechaza apelación de soñadores DACA
Las universidades públicas de ese estado les exigen el pago de matrícula como extranjeros
Los Dreamers siguen en el limbo. (Getty Images) Crédito: Spencer Platt | Getty Images
La Corte Suprema de Georgia no escuchará una apelación presentada por un grupo de estudiantes protegidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), quienes intentan que se les permita pagar matrícula como residentes de ese estado.
La demanda había sido interpuesta en el año 2014 por un grupo de 39 estudiantes denominados “soñadores”, luego de que la Junta de Regentes de Georgia se rehusara a reconocer el estatus de “presencia legal” que les otorga DACA y exigirles el pago de matrícula como extranjeros.
Un informe del Instituto de Políticas y Presupuesto de Georgia (GBPI) de 2015 encontró que no permitir a estudiantes indocumentados pagar matrícula como residentes le cuesta al estado cerca de $10 millones de dólares al año, y tiene un efecto negativo en la economía y en el nivel de competitividad regional.
“Estamos decepcionados de que la Corte Suprema de Georgia nos haya negado continuar luchando por lo que es moral, justo y equitativo. Ningún estado que le niegue a estudiantes la posibilidad de seguir con su educación, tiene el derecho de llamarse un estado excelente para hacer negocios”, indicó Charles Kuck, el abogado que defiende a los estudiantes.
En diciembre de 2016 una jueza de la Corte Superior del condado Fulton había ordenado al sistema universitario de Georgia “cumplir con su deber” otorgando a los beneficiarios de DACA la posibilidad de matricularse como residentes del estado, aunque la decisión fue apelada.
“Seguiremos nuestra lucha en las cortes cuando sea posible, en la legislatura, cuando esté en sesiones, y ante la Junta de Regentes de Georgia, continuamente, hasta que cada estudiante, sin importar su estatus, pueda continuar con su educación”, aseveró el abogado.
A nivel nacional, una batalla legal sin precedentes se perfila para definir el futuro de la Acción Diferida, que otorga permiso temporal de residencia y trabajo a casi 700 mil jóvenes indocumentados, tras la demanda recién presentada por siete estados contra el gobierno federal por no haber acabado con el programa.
