Presionan para que el condado de L.A. contrate abogados en migración en la defensoría pública
Un estudio de ACLU SoCal encuentra que solo tienen dos expertos en todo un equipo de 700 defensores públicos
La demora en las cortes perjudica a los inmigrantes. Crédito: Getty Images
La amplia Oficina del Defensor Público del condado de Los Ángeles (LACPD) tristemente no dispone de expertos en migración para defender a los angelinos que son residentes legales o inmigrantes.
El reporte “Defend L.A.: Transforming Public Defense in the Era of Mass Deportation de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California (ACLU SoCal) señala que aún cuando es la oficina más grande de defensoría pública de todo el país con 700 abogados, solo dos de ellos son expertos en leyes de migración.
“Esta enorme deficiencia puede conducir a un desastre para los inmigrantes”, indica el reporte.
Al no estar familiarizado con las increíblemente complejas leyes de migración, un defensor público puede inadvertidamente poner a un cliente no ciudadano en peligro de deportación. “Aún ofensas criminales relativamente menores pueden llevar a la deportación de los Estados Unidos si no son manejadas apropiadamente”, se indica.
Algunos ejemplos citados por el reporte tienen que ver con residentes legales permanentes de Los Ángeles.
Christian P. se declaró culpable de manejar un vehículo sin el consentimiento del propietario. Consiguió una sentencia de 365 días en la cárcel. Lo que no sabía es que los 365 días en detención, convierten la condena en un delito grave, lo que lo hacía sujeto a una deportación obligada. Por suerte, un abogado experto en migración tomó el caso y su sentencia fue reducida a 364 días, lo que lo salvó de ir a la deportación.
Norberto S. también se declaró culpable en 2015 por la posesión de metanfetaminas para su venta, lo que lo puso en la línea para ser deportado. Cuando un abogado en migración intervino, logró que se declarara culpable de una ofensa más seria. Aunque ese movimiento pudiera sonar contraproducente, no lo era porque una ofensa mayor no significaba la deportación.
De acuerdo a ACLU, aún las ofensas menores como el robo de objetos menores u orinar en público pueden desencadenar la deportación, si no se consigue el apoyo de un experto en migración.
El reporte señala que otros condados de California hacen un mejor trabajo en esta materia, al proporcionar abogados en migración para sus oficinas de defensores públicos. Por ejemplo, el condado de Alameda, con un equipo de 108 defensores públicos, tiene cinco abogados en migración. Una proporción de 1.22 abogados en migración en relación con el total de defensores de oficio. En el condado de Contra Costa, la medida de expertos en leyes de migración es de 1.75; en San Bernardino de 1.96 y en el condado de Los Ángeles de 1.350.
“Proporcionar un número adecuado de abogados en migración no es solamente humano sino que es la ley”, dijo Andrés Kwon, abogado de ACLU SoCal y autor del reporte Defend L.A.
En 2010, en el fallo de la Suprema Corte, Padilla contra Kentucky, la corte sostuvo que quienes no son ciudadanos tienen derecho a la Sexta Enmienda, lo que significa acceso a consejo legal preciso sobre las consecuencias migratorias de las sentencias criminales. Este derecho también comprende que busquen otras sentencias alternativas.
“Tal defensa legal informada no podía ser más crucial ahora que la administración Trump ha ampliado la dependencia del gobierno federal en los sistemas locales de justicia criminal para avanzar su agenda de deportación”, dijo Kwon.
La recomendación principal del estudio de ACLU SoCal es que se contraten 15 expertos en migración a la Oficina del Defensor Público del condado de Los Ángeles.
Estiman que el costo no debe ser por más de tres millones, un céntimo del 1% del presupuesto del condado.
“Es relativamente un precio pequeño a pagar por el condado para proveer representación constitucional obligatoria en la corte criminal a los no ciudadanos”, dijo Kwon.
La supervisora Hilda L. Solís dijo que ya trabajan para ampliar la Unidad de Inmigración de la Oficina del Defensor Público del condado de Los Ángeles con ocho nuevos abogados este mismo año. El plan, dijo es agregar más el año entrante, dependiendo de la necesidad.
“Además es esencial aumentar la capacitación en leyes de migración a través de todos los departamento del condado. Estoy comprometida a hacer eso”, indicó.
Y criticó que la administración Trump esté aplicando la ley de inmigración “de manera catastrófica y cruel con impactos reales que destrozan a las familias y dañas a las comunidades”. Sin embargo, dejó en claro que el condado de Los Ángeles está profundamente comprometido con las comunidades inmigrantes por todos sus aportes.
Entre las organizaciones que apoyan este reporte están la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (Chirla); Community Coalition, Youth Justice Coalition, la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, y la Red Nacional de Jornaleros.
