Gobernador permite entrada en rigor de ley de deportaciones masivas HB-2315

El gobernador de Tennessee no vetó la controvertida ley anti-santuario dando luz verde a su implementación
Gobernador permite entrada en rigor de ley de deportaciones masivas HB-2315
La ley prohíbe que en el futuro ciudades de Tennessee establezcan leyes santuario
Foto: ICE

La controvertida ley de deportaciones masivas en Tennessee, como ha sido llamada por activistas, entrará en rigor el próximo 1 de enero de 2019 mandando una ola de preocupación a toda la comunidad inmigrante de todo el estado.

Los legisladores estatales aprobaron abrumadoramente la ley HB-2315, que prohíbe que las ciudades y los condados adopten políticas que protejan a los inmigrantes indocumentados de los agentes federales.

El gobernador de Tennessee Bill Haslam tenía tres opciones: firmar el proyecto, vetarlo, o permitir que se convirtiera en ley sin su firma.

Para preocupación de inmigrantes y activistas de todo el estado Haslam escogió la tercera opción luego de que anunció este este lunes que no firmaría el proyecto, lo que da luz verde para que automáticamente sea promulgada.

La medida otorga a agentes de seguridad muncipal y estatal poderes extraordinarios para que actúen como agentes de inmigración, y así asitan activamente en la captura, arresto y deportación de inmigrantes indocumentados.

“El gobernador cedió ante la franja más extrema de los electores. Eligió el odio y el miedo, sobre su gobierno”, dijo Stephanie Teatro, vice-directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee en entrevista con Mundo Hispánico.

Cuando se le preguntó por qué no vetaría el proyecto de ley, Haslam dijo que es porque simplemente prolongaría la discusión, y agregó que actualmente no existe ninguna ciudad santuario en Tennessee.

La nueva regulación también prohibiría a las entidades, funcionarios gubernamentales, estatales y locales, en Tennessee, adoptar políticas “santuario”, para proteger a inmigrantes indocumentados.

Además, las ciudades del estado perderán fondos estatales si se determina que ha violado la ley.