Política migratoria deja estela de abusos y muertes en frontera sur, denuncian activistas

La Administración Trump restringió más el proceso de asilo y ha dicho que continuará la separación de familias
Política migratoria deja estela de abusos y muertes en frontera sur, denuncian activistas
Las víctimas eran campesinos inmigrantes que trataban de huir de autoridades federales.
Foto: ice.gov

WASHINGTON—La política de “cero tolerancia” contra la inmigración ilegal ha dado licencia a un inédito nivel de separación de familias y está dejando una estela de abusos y muertes en la frontera sur, afirmaron este lunes grupos pro-inmigrantes, en la antesala de una movilización nacional en contra de la Administración.

Entre esas muertes destaca el suicidio del hondureño Marco Antonio Muñoz en una celda en Texas el mes pasado, dos días después de que fue separado de su esposa e hijo de tres años cerca de McAllen. Este ha sido el ejemplo más reciente del efecto nefasto de la política migratoria de la Administración, según activistas . Muñoz había sido trasladado a la cárcel del Condado Starr porque se volvió violento, y las autoridades tuvieron que forcejear con él para arrancarle al niño de sus brazos.

Su caso se suma a la muerte, también el mes pasado,  de la joven guatemalteca Claudia Patricia Gómez González,  a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, mientras cruzaba ilegalmente la frontera.

Mientras, Manuel Antonio Cano Pacheco, perdió su estatus de “DACA” por infracciones de tránsito y droga, y murió a manos de violentos pandilleros casi un mes después de ser deportado a México.

Estos casos, según grupos pro-inmigrantes, entre éstos “America´s Voice”,  dan cuenta de una “brutal” política migratoria y “fuerza de deportación” que no tienen miramientos y están ocasionando una crisis humanitaria en la frontera.

Los activistas piden que el Congreso exija rendición de cuentas al presidente Donald Trump, el fiscal general, Jeff Sessions, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, para que cese la represión de inmigrantes.

“Esto no es normal. Trump, Sessions y Nielsen tienen sangre en sus manos… podrían replegar este combate cuando quisieran, pero no lo harán porque creen en su estrategia divisoria y deshumanizante, y creen que les ayudará a aferrarse al poder, afirmó Frank Sharry, director ejecutivo del Fondo Educativo de “America´s Voice”.

“Mientras tanto, los republicanos en el Congreso guardan silencio, y el saldo de muertes aumenta”, puntualizó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha insistido en que los agentes de Inmigración tienen guías para tratar con “respeto y dignidad” a los inmigrantes bajo su custodia.

 Larga cadena de abusos

Sin embargo, un informe divulgado hoy por la Red Fronteriza para los Derechos Humanos (BNHR, por su sigla en inglés) documentó un total de 63 casos de “conducta abusiva o problemática” por parte de agentes de Inmigración, en el marco de su Campaña de Documentación de Abusos de 2018.

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) documenta los casos y tipos de abusos en la frontera sur por parte de las autoridades policiales.

La campaña, que contó con la participación de más de 120 voluntarios, se llevó a cabo entre los pasados 1 de febrero y 30 de abril en más de 33 localidades, con el objetivo de documentar casos de violaciones a los derechos humanos y civiles de las familias inmigrantes por parte de agentes de Inmigración.

El documento recoge un patrón de abusos de inmigrantes en la región fronteriza por parte de las autoridades policiales locales, y agentes de la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Estos casos incluyeron allanamiento ilegal de propiedad privada, intimidación y acoso de inmigrantes, uso de la fuerza excesiva, separación de familias, abuso psicológico, detención prolongada, y privación del derecho al debido proceso, entre otros.

De los 62 casos documentados, 38 ocurrieron en El Paso (Texas) y el sur de Nuevo México.

Movilización nacional el jueves

Ante la situación actual, el grupo “Families Belong Together” ha convocado a una movilización nacional en 46 ciudades en todo el país y la capital estadounidense, que incluirá marchas y vigilias, para condenar el trato “cruel e inhumano” de los inmigrantes y solicitantes de asilo.

La movilización se llevará a cabo en unos momentos en que Sessions, que el mes pasado pidió el enjuiciamiento de toda persona que cruce ilegalmente la frontera, hoy mismo anunció más restricciones al proceso de asilo para víctimas de violencia doméstica.

Según el grupo, más de 4,300 familias se han sumado ya a la campaña de movilización en la página web  “familiesbelong.org”, para exigir un cese a la separación de familias.

La campaña cuenta con el apoyo de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas (NDWA), que el pasado 1 de junio lideró un “día de acción nacional” en contra de la política migratoria de la Administración Trump.

“La indignación y la oposición sólo crecerán más si la Administración continúa esta crueldad de separar a las familias. Las familias pertenecen juntas, esto no debería ser debatible. Nadie debe aceptar que los bebés sean arrancados de los brazos de sus madres, o que los niños sean encarcelados lejos de sus padres”, dijo Jess Morales Rocketto, directora política de NDWA.

“El Congreso tiene el poder de frenar esta práctica inhumana”, subrayó.

Piden ayuda de la CIDH

La situación en la frontera sur ha llegado a tal extremo que activistas del “Proyecto de Derechos Civiles de Texas” acudieron el pasado 2 de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelaresen nombre de cinco padres de familia afectados por la separación de sus hijos en la frontera sur.

Según ese grupo, los cinco inmigrantes centroamericanos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza, y separados de sus hijos. Al destacar el daño de la separación familiar, los activistas denunciaron en su petición que “no hay un proceso en pie” para facilitar la comunicación entre los padres e hijos que son separados en la frontera sur.

Estados Unidos es miembro de la CIDH, entidad que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), y no está claro que acate las órdenes de la comisión, tomando en cuenta que las medidas cautelares no son vinculantes y la Administración ha hecho caso omiso a denuncias similares de Naciones Unidas y Amnistía Internacional.