Miles de activistas e inmigrantes salen a las calles a exigir un cese a la separación de familias
Las medidas migratorias que votará la Cámara de Representantes la próxima semana no tienen apoyo demócrata
El trato a menores migrantes está regulado por leyes contra el tráfico humano y acuerdos judiciales Crédito: John Moore/Getty Images
WASHINGTON— La Administración Trump no da indicios de dar marcha atrás a la separación de familias, el encierro de niños no acompañados, la denegación de asilo o el enjuiciamiento de personas que crucen ilegalmente la frontera, lo que motivó este jueves a miles de manifestantes a lanzarse a las calles en todo el país para exigir un freno a estas políticas.
La jornada de protestas, marchas y vigilias en cerca de 60 ciudades, organizada bajo el paraguas de “Families Belong Together”, reúne tanto a activistas de grupos cívicos, religiosos, estudiantiles y sindicalistas, como a las propias familias afectadas por la separación de familias.
Las protestas dan seguimiento a otra del pasado 1 de junio en la que, con furia en la garganta, los activistas de esa coalición también marcharon para denunciar la separación de familias como una práctica que viola tanto las leyes de Estados Unidos como el derecho internacional.
Anna Tarkov, coordinadora nacional de “Families Belong Together”, dijo a este diario que el propósito es exigir “un alto inmediato a la separación de familias, sin importar su estatus”, porque está en juego la salud de los niños y sus familias, “la credibilidad de la nación, y nuestra propia alma”.
“Esto contraviene nuestros valores, no hay ley que lo exija, y debe cesar pero ya. Con estas protestas mostramos que estamos organizados, y no pararemos hasta que cesen estas políticas salvajes”, afirmó.
El argumento de los organizadores es que el gobierno de EEUU, que se precia de dar lecciones de democracia al mundo, ha implementado una política que está causando el quebranto de familias que huyen de la pobreza y violencia en busca de refugio en este país.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, defendió hoy nuevamente la separación de familias en el nombre de hacer cumplir las leyes, al indicar que eso es “producto de las lagunas legales que los demócratas se niegan a eliminar”, y en esta ocasión usó incluso referencias bíblicas.
“Es una política moral obedecer y hacer cumplir las leyes… los demócratas se han negado a sentarse a la mesa, se han negado a ayudar al presidente a cerrar estos resquicios y corregir este problema”, subrayó Sanders.
Pero la separación de niños de sus padres -con la posibilidad de instalar “ciudades de carpa” en bases militares-, como elemento disuasorio contra la inmigración ilegal, ha generado la mayor indignación entre la Iglesia Católica y otras comunidades de fe, grupos progresistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, organizaciones médicas y de pediatría, y organismos internacionales.
Jess Morales Rocketto, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas (NDWA, en inglés), uno de los grupos que apoyan las protestas de hoy, señaló a este diario que no tiene sentido moral ni fiscal el separar a niños y enviarlos a albergues lejos de sus padres.
“Con miles de personas en más de 60 ciudades hoy en una masiva movilización contra la separación de familias que ha ordenado Trump, está claro que su Administración está yendo contra la voluntad del pueblo”, dijo Morales Rocketto, al asegurar que la resistencia continuará mientras siga la crueldad contra las familias inmigrantes.
Parte de la ira está dirigida al Congreso, donde la mayoría republicana ha hecho caso omiso a los reclamos, y la minoría demócrata está prácticamente marginada de las negociaciones para una eventual reforma migratoria.
En Washington, la protesta prevista cerca del Capitolio para altas horas de la tarde cuenta con la participación de varios líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso, y activistas de toda el área capitalina y de una decena de estados.
La senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, presentó recientemente un proyecto de ley para prohibir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueda separar a las familias, salvo casos excepcionales, pero éste no tiene apoyo republicano y es poco probable que los republicanos, que controlan el Senado, programen un voto.
DACA, a la medida republicana
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dio luz verde al voto de sendas medidas para resolver el limbo de los “Dreamers”, en parte para aplacar una rebelión de demócratas y algunos republicanos que promovían una medida especial para forzar un voto migratorio.
La medida parlamentaria, conocida en inglés como “discharge petition”, sólo necesita dos firmas adicionales, de un total de 218, para obligar a un voto sobre el futuro del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012.
Pero la estrategia de Ryan afronta oposición de los demócratas porque al menos una de las medidas en lisa, del republicano Bob Goodlatte, se enfoca en medidas policiales contra la población indocumentada, tal como exige la Casa Blanca.
No hay posibilidad alguna de que se debata siquiera un “Dream Act”, una medida demócrata para la legalización permanente de los “Dreamers”.
La segunda medida no tiene participación de los demócratas y, a juzgar por un texto preliminar filtrado anoche a la prensa, también se ciñe a los cuatro pilares del plan migratorio del presidente Donald Trump para la eventual legalización de 1,8 millón de “Dreamers”: reforzamiento de la seguridad fronteriza y de las leyes al interior del país; la eliminación de la lotería de visas, y una drástica reducción a la inmigración legal.
Hoy mismo, el vicepresidente, Mike Pence, quiso “vender” las bondades de ese plan migratorio durante un encuentro de líderes evangélicos en Washington, al insistir en el argumento de la Administración de que la inmigración ilegal perjudica a comunidades en ambos lados de la frontera con México.
Rocketto advirtió que si los republicanos aprueban leyes que faciliten aún más el encierro de niños y la separación de familias, “serán directamente responsables de esta crisis humanitaria” porque “no es una opción política, es moral”, y el Congreso “debe cumplir su labor y decidirse por la unificación de familias”.
Ana María López, presidenta del Colegio de Médicos Estadounidenses (ACP, en inglés), ha visto de primera mano cómo los niños separados de sus padres presentan síntomas de estrés extremo, lo que, según explicó, los expone a un mayor riesgo de depresión y de otros problemas de salud.
Por ello, al igual que los activistas y familias que hoy portan carteles o gritan consignas, López urgió al gobierno a que “elimine esta política y apoye a las familias, para proteger la salud de estos niños”.
