Cómo la CFPB planifica reducir su misión regulatoria

El director interino de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor [CFPB] describió una misión regulatoria menos agresiva para la gestión de vigilancia e indicó que reforzará las protecciones del consumidor, pero no superará su mandato en virtud de la ley Dodd-Frank.

La declaración de misión de Mick Mulvaney, publicada el lunes, indicó que los objetivos principales de la CFPB son “garantizar que todos los consumidores tengan acceso” a productos financieros para el consumidor e “implementar y reforzar la ley de forma coherente” para garantizar que los mercados “sean justos, honestos y competitivos”.

La declaración también indicó que se enfocará en proteger los derechos legales de las compañías financieras que la CFPB regula y generará reglas nuevas que abordarán lo que considera cargas regulatorias injustificadas.

La nueva dirección marca una desviación notable de la postura regulatoria agresiva que adoptó el primer director de la CFPB, Richard Cordray. En su cargo, la agencia se enfocó en diversas compañías de servicios financieros que consideró que engañaban a los consumidores que con frecuencia resultó en multas y otras medidas punitivas.

Los defensores del consumidor expresan su malestar

Después de todo, la CFPB devolvió más de $12 mil millones a los consumidores que sufrieron presuntos agravios de bancos, servicios hipotecarios, compañías de tarjetas de crédito y otras compañías de servicios financieros.

Los defensores del consumidor temen que, con el nuevo plan estratégico de la CFPB, no habrá control de las prácticas industriales inescrupulosas, lo que aumentará la vulnerabilidad de los consumidores.

“El nuevo plan estratégico de la CFPB silencia de forma eficaz al guardián del consumidor”, indica Anna Laitin, directora de políticas financieras de Consumers Union, la división de defensoría de Consumer Reports. “El plan desarrollado por el director interino Mick Mulvaney elimina cualquier referencia a la aplicación de la declaración de misión de la oficina y hace énfasis en la facilitación de las reglas que regulan a los bancos, en lugar de enfocarse por completo en proteger a los consumidores”.

Yana Miles, asesora legislativa sénior del Centro de Préstamos Responsables, indica que los cambios resultan particularmente sorpresivos debido a que provienen de un director “interino de facto, temporal y de corto plazo”. También indicó que “los cambios de Mulvaney en la oficina del consumidor son diversos, amplios y dañinos para los consumidores”.

“El Congreso creó la CFPB después de la última crisis económica debido a que reconoció que los consumidores necesitaban un guardián independiente que los protegiera de prácticas financieras sospechosas y estafas”, indica Laitin. “Ya es hora de que el presidente nomine y el Senado considere un nominado permanente que restaure el papel crítico de la CFPB de ser el protector del consumidor”.

No obstante, la industria de servicios financieros recibió de forma favorable la postura menos agresiva, ya que impulsó el control de una agencia que, en su opinión, sobrepasó su mandato durante años y obstaculizó la industria con reglas difíciles y costosas de seguir.

“Los cambios son necesarios porque hay un costo enorme asociado con las regulaciones y las otras iniciativas en las que participó Cordray en los últimos 5 o 6 años que generaron muchos costos a nuestros clientes y dificultades en relación con el cumplimiento”, comenta Alan Kaplinsky, fundador de Consumer Financial Services Group para Ballard Spahr, una firma jurídica que representa a bancos y otras compañías financieras.

Kaplinsky indica que esos costos se repartieron entre los consumidores.

“La CFPB estaba generando un gran daño y obstaculizaba a la industria, no debido a la letra de la ley, sino debido al capricho de la agencia”, añade. “Bajo la dirección de Mulvaney, perseguirá más elementos bien definidos, como el engaño y el fraude”.

Ya hay cambios en marcha en la CFPB

Ya se han producido diversos cambios que algunos defensores consideran perjudiciales para el consumidor desde que Mulvaney asumió la dirección de la oficina a fines de noviembre. Estos cambios incluyen:

Erosión de la aplicación. A principios de mes, Mulvaney solicitó que se transfiriera a su oficina a miembros de la Oficina de Equidad de Préstamos y de Igualdad de Oportunidades. Los defensores del consumidor criticaron la medida, ya que los funcionarios que aplicarán las leyes de equidad de préstamos serán generalistas que ya están abrumados con trabajo por diversos problemas adicionales del consumidor, indica Deborah Goldstein, vicepresidente ejecutiva del Centro para Préstamos Responsables, una organización sin fines de lucro de Washington, D.C., que se enfoca en la lucha contra los préstamos desleales.

Regla de tarjetas prepagadas. En enero, la oficina demoró la implementación de la regla de tarjeta prepagada que se propuso por primera vez en 2012 y finalizó en 2016. La regla pretende proteger a millones de personas que utilizan tarjetas prepagadas en lugar de tarjetas de débito vinculadas con cuentas corrientes bancarias tradicionales. Implementa protecciones que limitan la responsabilidad en casos de fraude o transacciones no autorizadas. También implementa límites sobre cargos de sobregiro en las pocas marcas de tarjetas prepagadas que les permiten a los consumidores gastar más dinero que el cargado en la tarjeta.

Préstamos de día de pago. También en enero, la oficina demoró una regla de préstamos de día de pago destinada a proteger a los consumidores que solicitaran préstamos sobre el título del auto, préstamos en cuotas y préstamos de días de pago de alto costo. Y canceló una demanda contra Golden Valley Lending, un prestamista de día de pago que cobró tasas de interés de más del 900%.

Regla de arbitraje. En noviembre, el presidente Donald Trump firmó una resolución conjunta aprobada por el Congreso que anula la Regla de acuerdos de arbitraje, promulgada por la CFPB. Estaba destinada a evitar que las compañías de servicios financieros se protegieran de demandas grupales. La regla estaba programada para entrar en vigor en marzo de 2018 y prohibiría a los bancos, las compañías de tarjetas de crédito y otras compañías de servicios financieros incluir cláusulas contractuales que negasen a los consumidores el derecho de unirse para presentar una demanda ante un tribunal por un agravio. Dichas cláusulas han aparecido en millones de contratos del consumidor en la última década.

Otros reguladores podrían intervenir

A pesar del cambio de dirección aparentemente drástico de la agencia, el impacto en los consumidores podrá limitarse, en definitiva, debido a que hay muchas otras agencias federales y estatales que siguen trabajando en beneficio del consumidor, indica Kaplinsky, abogado de la industria.

“Si la CFPB retrocede, ese espacio será cubierto por otras agencias, como la Comisión Federal de Comercio, procuradores generales del estado y organismos reguladores bancarios del estado”, añade. “Los procuradores generales de los estados, en particular, han sido grandes partidarios de las protecciones del consumidor”.

“Estamos comunicando a nuestros clientes que quizás no tengan que preocuparse por la CFPB, pero sí por las demás”, agregó.